La Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina (AmCham) presentó un escrito como amicus curiae ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York, Estados Unidos, a favor de la postura del país para no depositar en el exterior su participación del 51% en las acciones de YPF.
El principal argumento que se destaca es que la orden de la jueza Loretta Preska de entregar la participación del Estado nacional en YPF a Burford Capital, financista de los demandantes Petersen y Eton Park, representa un “riesgo para la estabilidad económica” de la Argentina.
Otras razones que fundamentaron la presentación de AmCham son:
AmCham está compuesta por 700 empresas, de las cuales el 44% son estadounidenses, y que en conjunto dan trabajo a 420.000 personas en 42 rubros de la actividad económica -agroindustria, finanzas, energía, minería, salud y economía del conocimiento, entre otros-.
El aporte de esas firmas es del 24% del Producto Interno Bruto (PIB), el 39% de la recaudación tributaria, el 35% de las importaciones y el 45% de las exportaciones de la Argentina.
Vale aclarar que las presentaciones de AmCham y otras entidades norteamericanas, así como países (Estados Unidos, Israel, Francia, Italia, Uruguay y Chile, entre otros) son para defender que la Argentina no entregue el 51% de YPF como pago por la sentencia de fondo, de US$ 16.100 millones más interes.
Esos escritos de “amigos del tribunal” no apoyan la cuestión de fondo, que es precisamente el fallo que condena al Estado a pagar por la expropiación, tras violar el Estatuto de YPF que ordena a un comprador de más del 15% de las acciones a hacer una Oferta Pública de Adquisición (OPA) que extienda la propuesta a todos los accionistas.
Las empresas que integran AmCham plantearon en un escrito de 27 páginas que “el fallo obliga a la Argentina a violar su propia legislación (Ley 26.741), que prohíbe transferir las acciones estatales de YPF sin la aprobación de dos tercios del Congreso Nacional, lo que atenta contra su soberanía y desconoce los principios de la cortesía internacional”.
El documento señala que “YPF es estratégica para la economía argentina, ya que genera más del 1,5 % del PIB, produce el 60% del combustible y es el principal exportador de petróleo del país”, por lo que “un traspaso forzado del control accionario podría desencadenar incumplimientos contractuales (default), comprometer al sector energético y desestabilizar el proceso de recuperación económica”.
Asimismo, las compañías observan que la ejecución de la decisión de Preska “contradice los esfuerzos del propio gobierno de los Estados Unidos, que recientemente expresó su apoyo a la estabilización macroeconómica de la Argentina”.
“Por último, AmCham considera que “el fallo crea un precedente riesgoso al reinterpretar la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras (FSIA), al permitir ejecutar activos de un Estado extranjero ubicados fuera de EE.UU.”, y debilita la “confianza mutua” con empresas estadounidenses que invierten en Argentina.
