La fiscalía formuló cargos en su contra por coacción agravada, amenazas reiteradas y portación ilegal de arma. Los hechos imputados incluyen una serie de episodios ocurridos entre el 8 y el 15 de marzo, en los cuales Ariaudo habría amenazado a varios funcionarios municipales y exhibido un arma dentro de las instalaciones del Concejo Deliberante.
La justicia resolvió que Ariaudo deberá fijar y mantener domicilio, presentarse semanalmente ante la justicia y evitar cualquier contacto con la intendenta, testigos o funcionarios municipales involucrados en la causa. Además, se le prohibió acercarse a menos de 300 metros de la vivienda de Salzotto, del municipio y del Concejo Deliberante.
Para garantizar el cumplimiento de estas medidas, se le aplicará un sistema dual de monitoreo, similar al utilizado en casos de violencia de género. Inicialmente, la fiscalía había considerado solicitar su prisión preventiva y el desafuero, pero la renuncia voluntaria de Ariaudo contribuyó a evitar medidas más severas.
El primer episodio denunciado ocurrió el 8 de marzo, cuando Ariaudo envió un mensaje de WhatsApp amenazante a un asesor técnico del municipio, instándolo a abandonar su cargo. Días después, el 15 de marzo, envió un mensaje intimidatorio a la intendenta Salzotto.
Ese mismo día, ingresó al Concejo Deliberante con un revólver de uso civil, sin la debida autorización legal, y lo exhibió ante una cámara de seguridad. Posteriormente, envió otro mensaje amenazante al secretario de Prensa y se presentó en el municipio, donde intentó agredirlo físicamente.
El escándalo sacudió el ámbito político de Catriel y generó una rápida reacción de la justicia. La querella respaldó las acusaciones y la jueza de Garantías dio por formulados los cargos en los términos solicitados por la fiscalía.
El caso pone en el centro del debate la seguridad institucional y el uso de armas en el ámbito político. La investigación continuará en los próximos meses, con el objetivo de esclarecer los hechos y determinar la responsabilidad del exconcejal.
La renuncia de Ariaudo obliga a una reconfiguración en la estructura del Concejo Deliberante. Se espera que en los próximos días se defina su reemplazo y que el municipio tome medidas para reforzar la seguridad en sus instalaciones.
Por su parte, la intendenta Salzotto no ha emitido declaraciones públicas tras la audiencia, aunque su entorno manifestó preocupación por el nivel de violencia política evidenciado en el caso.
Las medidas cautelares establecidas tendrán una vigencia de cuatro meses mientras se desarrolla la etapa preparatoria del juicio. En caso de incumplimiento, la fiscalía podría solicitar sanciones más severas, incluyendo la prisión preventiva.
El caso de Alberto Ariaudo marca un precedente en la política local y deja abierta la discusión sobre los límites de la violencia en el ejercicio del poder. Con la investigación en curso, la comunidad de Catriel espera respuestas y acciones concretas para garantizar la estabilidad institucional en el municipio.
