Con un superávit todavía frágil, la Casa Rosada descartó ante empresarios una baja generalizada de impuestos. El capítulo fiscal de la reforma laboral aparece como el único margen disponible, mientras crecen las preocupaciones por la actividad, los costos y la presión de provincias y municipios.
El inicio de 2026 encontró a los principales referentes del sector privado con una certeza incómoda: este año no habrá una reforma tributaria de fondo. Aunque el presidente Javier Milei volvió a prometer una reducción de impuestos “cuando lo permita el superávit”, desde el equipo económico transmitieron a empresarios que el margen fiscal es insuficiente para avanzar en rebajas significativas.
El mensaje fue claro en encuentros mantenidos antes del cierre de 2025: las empresas deberán afrontar otro ejercicio con una elevada carga impositiva, tanto a nivel nacional como provincial y municipal. Las reducciones ya implementadas —como la eliminación del impuesto PAIS en ciertos casos, la baja de algunas retenciones al agro y la reducción de aranceles a la importación— no tendrán continuidad en una reforma más profunda en el corto plazo.
En ese contexto, el Gobierno concentró sus expectativas en el capítulo impositivo incluido en la reforma laboral que se debate en el Congreso. Allí se prevén algunos cambios puntuales: una baja de Ganancias para sociedades, reducción de impuestos internos en sectores específicos, la creación del Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI) y el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), financiado con el 3% de las contribuciones patronales, destinado a cubrir futuras indemnizaciones.
Sin embargo, el propio dictamen de mayoría en el Senado incorporó una cláusula que subordina la vigencia de esas rebajas a la decisión del ministro de Economía, Luis Caputo, en función de la disponibilidad fiscal. En otras palabras, aun los cambios incluidos en la reforma laboral quedan condicionados al equilibrio de las cuentas públicas.
Desde las cámaras empresarias reconocen que, de prosperar el proyecto, el FAL y algunos incentivos al blanqueo laboral serían los únicos avances concretos en materia tributaria. “No se esperan rebajas generales; a lo sumo, medidas acotadas y sectoriales”, admitieron fuentes del sector industrial.
La Unión Industrial Argentina (UIA) mantiene conversaciones con el Palacio de Hacienda para explorar alternativas que alivien costos sin comprometer el superávit. Entre ellas, trabaja en una propuesta para computar las cargas patronales como crédito fiscal del IVA, cuyo impacto presupuestario planea presentar a Caputo en las próximas semanas. Mientras tanto, la entidad sigue de cerca la evolución de la actividad —que volvió a mostrar retrocesos hacia el final de 2025— y la pérdida de competitividad frente al aumento de importaciones.
En la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) comparten el diagnóstico: reconocen que hubo avances en la reducción de algunos tributos nacionales, pero advierten que el proceso se enfrenta a un límite estructural. “El sendero de baja impositiva debe continuar, pero sin poner en riesgo el equilibrio presupuestario”, señaló su presidente, Mario Grinman. También alertó sobre el efecto de las subas de tasas e impuestos provinciales y municipales, que pueden neutralizar cualquier alivio desde la Nación.
Para el sector agropecuario, el eje sigue siendo la presión impositiva y los costos internos. El presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, insistió en la necesidad de avanzar con la eliminación de los derechos de exportación y remarcó que la competitividad depende tanto de la eficiencia productiva como de la decisión de los distintos niveles de gobierno de reducir impuestos.
En la construcción, el panorama no es más alentador. Gustavo Weiss, titular de Camarco, consideró que la reforma laboral tendrá un impacto limitado y que una reforma tributaria de alcance amplio “es difícil” en el corto plazo. “El grueso de los impuestos más distorsivos está en manos de las provincias, y no se ve un escenario sencillo para que ajusten”, señaló.
Los especialistas tributarios coinciden en que el margen fiscal es estrecho. Andrés Edelstein explicó que, aun con la posibilidad de reducir impuestos nacionales distorsivos, el peso de tributos como retenciones y el impuesto a los créditos y débitos bancarios choca con un resultado primario proyectado que no deja espacio para grandes concesiones. Por su parte, Nadin Argañaraz, del Iaraf, advirtió que nuevas leyes de gasto —como las vinculadas al financiamiento universitario o la emergencia en discapacidad— absorben recursos y reducen aún más la posibilidad de bajar impuestos.
Así, la reforma tributaria que el Gobierno había prometido como parte de su agenda estructural queda, por ahora, en suspenso. Con un superávit todavía frágil y un escenario económico incierto, el 2026 aparece como un año de ajustes parciales y expectativas contenidas para el sector productivo.
Con información de Infobae
