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El Gobierno de Javier Milei enfrenta dificultades para avanzar con la reforma electoral que pretende implementar antes de las elecciones de 2027. La Libertad Avanza necesita sumar al menos 16 votos de otros bloques en el Senado para alcanzar los 37 apoyos requeridos, pero las negociaciones con los gobernadores y las fuerzas aliadas permanecen sin resultados concretos.
El principal punto de desacuerdo es el futuro de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). Mientras el oficialismo impulsa su eliminación definitiva, sectores que podrían acompañar la iniciativa prefieren discutir una suspensión.
A esa diferencia se suman las negociaciones por las candidaturas provinciales, los reclamos de los gobernadores y el tratamiento del proyecto de Ficha Limpia.
Con el calendario legislativo cada vez más ajustado, el Gobierno busca acelerar los acuerdos durante octubre para definir las reglas electorales que pretende aplicar en 2027.
La Libertad Avanza cuenta con 21 senadores propios y necesita alcanzar los 37 votos para aprobar la reforma electoral.
La diferencia obliga al Gobierno a negociar con bloques provinciales, legisladores radicales y otros sectores que no integran el oficialismo.
Sin embargo, las conversaciones todavía no permitieron reunir los apoyos necesarios.
La jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich, dejó buena parte de las negociaciones con los gobernadores en manos del jefe de Gabinete, Diego Santilli.
La estrategia contempla que Santilli busque acuerdos con los mandatarios provinciales, mientras Bullrich concentre sus gestiones en senadores que no responden directamente a esos gobernadores.
De acuerdo con información publicada por Infobae, en el entorno de la legisladora reconocen que todavía no existen avances suficientes para destrabar el proyecto.
Uno de los principales obstáculos está relacionado con el alcance de la reforma.
El Gobierno pretende eliminar definitivamente las PASO e incorporar en la misma iniciativa el debate sobre Ficha Limpia, que establece restricciones para determinadas candidaturas vinculadas con condenas penales.
En cambio, algunos de los bloques con los que negocia el oficialismo consideran más conveniente suspender las primarias y tratar Ficha Limpia mediante una ley independiente.
La diferencia no es menor.
Una suspensión permitiría dejar sin efecto las PASO para una elección determinada, mientras que su eliminación implicaría modificar de manera permanente el sistema electoral nacional.
El debate parlamentario permanece sin definiciones y el oficialismo todavía no consiguió construir una propuesta que reúna el respaldo necesario.
La relación entre el Gobierno nacional y los mandatarios provinciales aparece como otro factor determinante.
En distintas provincias, los gobernadores mantienen reclamos vinculados con obras públicas, asistencia financiera y compromisos políticos.
También existe preocupación por la posibilidad de que La Libertad Avanza presente candidatos propios que compitan contra los espacios provinciales que acompañan al Gobierno en el Congreso.
Uno de los casos mencionados en las negociaciones es Tucumán.
El gobernador Osvaldo Jaldo acompañó distintas iniciativas del oficialismo nacional a través de sus representantes legislativos. Sin embargo, el lanzamiento político de Lisandro Catalán en esa provincia generó cuestionamientos entre dirigentes que esperaban un entendimiento electoral.
En Mendoza también aparecen diferencias.
El gobernador Alfredo Cornejo no puede buscar una nueva reelección y el oficialismo nacional promueve la figura de Luis Petri, quien mantiene diferencias políticas con el mandatario provincial.
Estas situaciones complican la posibilidad de establecer acuerdos generales entre la Casa Rosada y los gobernadores.
El jefe de Gabinete tiene previsto profundizar las reuniones individuales con los gobernadores durante las próximas semanas.
Una parte importante de las conversaciones estará orientada a los mandatarios radicales, que conservan influencia sobre varios integrantes del bloque de la UCR en el Senado.
Según la información difundida, siete de los diez senadores radicales responden políticamente a gobiernos provinciales.
Por ese motivo, los acuerdos con los mandatarios podrían resultar decisivos para reunir los votos que necesita La Libertad Avanza.
Sin embargo, las negociaciones no se limitan a la reforma electoral.
Los gobernadores también buscan respuestas sobre financiamiento, infraestructura y otras cuestiones vinculadas con la relación entre Nación y las provincias.
El Presupuesto 2027 aparece como una de las herramientas que el Gobierno podría utilizar para intentar acercar posiciones.
El calendario electoral constituye otra dificultad para la estrategia oficial.
La Justicia Electoral advirtió sobre la necesidad de definir con anticipación las reglas que regirán los próximos comicios.
La reforma requiere tratamiento legislativo y acuerdos que todavía no están cerrados.
Por eso, dentro del oficialismo consideran que octubre es un mes decisivo para intentar avanzar con la iniciativa.
Mientras tanto, el Congreso mantiene otras discusiones abiertas, entre ellas el futuro del DNU 70/2023, proyectos vinculados con discapacidad y endeudamiento familiar, y el tratamiento del Presupuesto 2027.
La acumulación de temas reduce el margen disponible para alcanzar consensos sobre el sistema electoral.
La eliminación de las PASO constituye uno de los objetivos políticos del Gobierno de Milei, pero su aprobación depende de acuerdos con sectores que mantienen intereses y posiciones diferentes.
La Libertad Avanza necesita sumar 16 votos en el Senado y todavía no logró garantizar ese respaldo.
Las diferencias sobre el alcance de la reforma, la incorporación de Ficha Limpia y las estrategias electorales provinciales mantienen las negociaciones abiertas.
Por ahora, el oficialismo no cuenta con los votos necesarios para modificar el sistema electoral y el tiempo disponible para establecer las reglas de las elecciones de 2027 continúa reduciéndose.