El gobierno de Río Negro publicó esta semana el decreto que reglamenta la ley de regularización de los radares de control de velocidad en la provincia.
Sin embargo, la falta de un anexo con los detalles técnicos y la ausencia de plazos claros para la reactivación del sistema generan incertidumbre. La suspensión de los cinemómetros, vigente desde julio, sigue sin resolverse completamente.
La ley n.º 5726, aprobada en julio por la Legislatura, establecía un plazo de 90 días hábiles administrativos para que la Agencia Provincial de Seguridad Vial definiera la legalidad de los dispositivos. Aunque este plazo venció en noviembre, el decreto publicado en el Boletín Oficial no establece lineamientos concretos ni menciona los tiempos específicos para la implementación. Según confirmaron fuentes provinciales, los detalles del anexo podrían publicarse el próximo lunes como “fe de erratas”.
Objetivos y desafíos de la reglamentación
El decreto n.º 463/24, firmado esta semana, busca cubrir los vacíos legales que dificultaban la aplicación de la normativa y garantizar su efectividad. Entre sus objetivos, se destaca la necesidad de resolver los conflictos relacionados con las multas anuladas y las futuras infracciones que puedan labrarse una vez que el sistema esté operativo nuevamente.
Sin embargo, el legislador Javier Acevedo, impulsor de la ley, criticó la demora en la implementación. “Desde nuestro espacio hicimos todo lo necesario para legislar sobre el tema. Ahora es el turno del Ministerio de Seguridad y Justicia y la Agencia de Seguridad Vial para que trabajen en su cumplimiento”, expresó.
El conflicto con los municipios y su rol en el sistema
El gobierno provincial también fijó posición ante los reclamos de algunos municipios, como el caso de Chimpay, donde un fallo del Superior Tribunal de Justicia declaró inconstitucional una ordenanza local que permitía la instalación de radares sin autorización provincial. “Las posturas municipales que desconocen la competencia provincial en la materia son inatendibles”, señaló el decreto.
Además, la reglamentación establece la necesidad de que los municipios regularicen los cinemómetros instalados sin la habilitación correspondiente. Sin un marco temporal definido, la situación genera interrogantes sobre cómo se coordinarán las competencias entre las comunas y la provincia.
Multas ya pagadas: ¿quiénes serán beneficiados?
La reglamentación resolvió que las multas labradas antes de la sanción de la ley serán declaradas nulas si no fueron abonadas. Sin embargo, aquellas que ya fueron pagadas por los conductores no serán devueltas, ya que el decreto las considera “firmes y consentidas por los infractores”. Este punto, aunque aclara parte del conflicto, podría generar controversias entre los automovilistas afectados.
Radares suspendidos y localidades afectadas
Actualmente, los radares ubicados en accesos clave de Villa Regina, Cipolletti, Río Colorado, Sierra Grande, Lamarque y Campo Grande permanecen inactivos. También están suspendidos los dispositivos con autorización nacional en Dina Huapi y Contralmirante Cordero.
El expediente pasó por diversas instancias oficiales para resolver dudas sobre las autorizaciones, especialmente en municipios con cinemómetros avalados por la Nación, como Bariloche y El Bolsón. A pesar de estos avances administrativos, no se han tomado decisiones definitivas respecto a la reactivación del sistema.
Un sistema en pausa y expectativas a futuro
Con la reglamentación publicada, el gobierno provincial busca avanzar hacia la reactivación de los radares, pero la falta de precisiones técnicas y temporales complica su puesta en marcha. Mientras tanto, las multas anuladas y las dudas sobre las competencias municipales siguen siendo temas centrales en un conflicto que afecta tanto a las autoridades como a los automovilistas.
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