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El ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Pablo Quirno, rechazó las acusaciones sobre presuntas irregularidades en la adjudicación de un contrato por $114.044.133 a la Asociación Argentina de Cultura Inglesa (AACI) para la capacitación en idioma inglés del personal de Cancillería. La entidad es dirigida por María Josefina Rouillet, esposa del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.
A través de una publicación en redes sociales, el canciller afirmó que “no hay absolutamente ninguna irregularidad” en el procedimiento y recordó que la cartera que conduce contrata a la AACI “desde 2018” para la formación en lengua inglesa de sus empleados. En ese sentido, explicó que en esta oportunidad, debido al vínculo familiar existente entre Rouillet y Sturzenegger, se activó el procedimiento de integridad previsto en el Decreto 202/2017.
Según detalló, ese mecanismo implicó la intervención de la Oficina Anticorrupción (OA) y de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), organismos que revisaron el trámite administrativo correspondiente. Quirno también señaló que, conforme a lo dispuesto por el artículo 4°, inciso b) del decreto mencionado, las actuaciones fueron publicadas íntegramente para garantizar la transparencia del proceso.
El rol de los organismos de control
El canciller sostuvo que el expediente completo fue puesto a disposición en el sitio institucional correspondiente y que la documentación puede ser consultada públicamente. En sus mensajes, remarcó que la activación del procedimiento especial se realizó justamente por la existencia del vínculo declarado, y no como consecuencia de una irregularidad detectada.
Desde el entorno de Sturzenegger también respondieron a las críticas. El vocero del ministro indicó que el único elemento adicional para aportar es el dictamen de la Oficina Anticorrupción incorporado al expediente y afirmó que “está clarísimo que no hubo ni hay irregularidad alguna”.
El contexto del cuestionamiento público
Las declaraciones oficiales surgieron luego de que circularan cuestionamientos en redes sociales sobre la contratación del servicio de capacitación en inglés y el vínculo entre la directora ejecutiva de la entidad adjudicataria y el ministro nacional. El contrato, que tiene una duración prevista de nueve meses, se enmarca en el plan estratégico de capacitación del organismo.
Desde Cancillería insistieron en que la contratación se ajustó a la normativa vigente y que el procedimiento aplicado respondió precisamente a la obligación de transparentar los actos administrativos cuando existen relaciones personales relevantes entre funcionarios y proveedores del Estado.
