Qué porcentaje de la energía que consumimos es verde y qué obstáculos impiden que crezca aún más

La ley, sin embargo, sí generó un marco propicio que aisló en parte al sector de la turbulencia financiera. Los contratos firmados se respetaron y nunca se modificó el valor de las tarifas en ninguno de los tres gobiernos, como sucedió con otras fuentes de generación, donde los contratos se pesificaron y se actualizaron por debajo de la inflación.

Además, al adherirse todas las provincias a la ley nacional, esto permitió que haya un “paraguas fiscal” por el cual ningún gobernador o intendente pudo aplicar un nuevo impuesto o tasa municipal (la localidad de Puerto Madryn intentó cobrar un “impuesto al viento”, pero no prosperó).

“La ley se necesitó porque somos Argentina. Si en 20 años construimos reputación, no defaulteamos más deuda y sigue bajando el riesgo país, no se necesita una protección adicional. Pero sin la ley no hubiesen existido las renovables. Hoy el sector no necesita incentivos de ningún tipo, pero necesita la ley para mantener este paraguas fiscal y que no se creen nuevos impuestos una vez que el capital esté hundido”, dice Javier Constanzó, abogado especializado en el sector energético y socio del estudio Tavarone Rovelli Salim & Miani.

El marco jurídico permitió también que las empresas salgan al exterior a buscar financiamiento para invertir en la construcción de los parques, pese a la suba del riesgo país que encareció las tasas de interés. Desde 2018 a 2024, por ejemplo, la Argentina sumó capacidad instalada nueva en el sistema por 7200 MW, de los cuales 5900 MW fueron renovables.

El precio promedio que se paga por las renovables cada vez es más competitivo, a medida que avanza la tecnología de los aerogeneradores y de los paneles solares. Sin embargo, debido a los congelamientos en tarifas que tuvieron las otras formas de generación, las renovables hoy en promedio son las más caras, con una tarifa de US$58 el MWh, solo por debajo de la nuclear (US$73).

La generación térmica, en promedio, cobra US$39 y las hidráulicas, US$15, según datos de la consultora Economía y Energía (EyE), sobre la base de información de Cammesa, la compañía controlada por el Estado que se encarga de los despachos de energía eléctrica. Estas remuneraciones, igualmente, no incluyen la tarifa por potencia disponible en el caso de las térmicas, ni el costo del capital, que sí lo incluyen las renovables.

Sobre el futuro del sector, en la Secretaría de Energía dijeron a LA NACION: “Desde el Gobierno estamos a favor del desarrollo de energías de fuentes renovables como iniciativa privada. Las empresas son libres de hacerlo. Lo que no va a hacer este Gobierno es restringir el desarrollo de energías convencionales para promover el desarrollo de las renovables.

Necesitamos explotar nuestras fuentes de energía convencional para asegurar la independencia energética”. Acerca de si están analizando prorrogar la ley de renovables, Energía dijo que “se está evaluando, aunque en realidad es potestad del Poder Legislativo”. Pero agregaron: “Queremos continuar brindando estabilidad fiscal a los inversores”.

El sector de energía eléctrica enfrenta varios cuellos de botella, que limitan el crecimiento no solo de los proyectos renovables, sino de todas las formas de generación eléctrica. Esto se debe a la falta de planificación del Estado y al congelamiento tarifario que prevaleció en los últimos años y desincentivó las inversiones privadas.

El principal factor está centrado en las líneas de trasmisión, que condicionan el tamaño y el lugar donde pueden construirse los parques eólicos y solares. “La falta de líneas de transporte es una restricción para cualquier tipo de tecnología, pero a las renovables las afecta porque se invierte en lugares que tal vez no son los más óptimos, según las condiciones de viento y sol, sino donde hay lugar para despachar la energía.

Además, cada vez se construyen proyectos más chicos, de no más de 100 MW, que tal vez no es lo más ideal en eficiencia. Hay falta de infraestructura en general”, dice Martín Brandi, CEO de PCR, la empresa que tiene en operación 530 MW de energía renovable y está construyendo otro parque solar en San Luis. El otro factor que limita el crecimiento del sector eléctrico es la demanda. Cuando se sancionó la ley de renovables, la primera etapa de desarrollo se produjo gracias a las licitaciones Renovar, en las cuales Cammesa hacía las adjudicaciones y les daba a estos proyectos prioridad de despacho.

La segunda etapa se dio en 2017, con la resolución 281 de la Secretaría de Energía que creó el mercado a término (Mater), que permitió que los grandes usuarios (empresas grandes) pudieran comprar directamente la energía eléctrica a las generadoras de renovables, en vez de tener que comprarle a Cammesa, quien hasta ese momento tenía el monopolio de la venta. De esta manera, se quitó al Estado del medio y se permitió la libre negociación de contratos entre privados.

Dicha resolución era un complemento de la ley de renovables, ya que los grandes usuarios también están obligados a que de manera gradual una parte de su consumo eléctrico provenga de fuentes renovables. Hoy hay empresas que prácticamente la mayor parte de su demanda se nutre de generación renovable, como Toyota, Quilmes, Dow, Unilever y Volkswagen.

“El problema con el Mater es que se está agotando, cada vez hay menos empresas a las que se les puede vender energía renovable. Ahora hay que ir a buscar el consumo de las empresas distribuidoras, que abastecen la demanda residencial. Por lo tanto, ahora no hay un problema de oferta de renovables, sino que el foco está en cómo se ordena la demanda.

La oferta no puede desarrollarse si no sabe a quién se le vende la energía. Esto es clave para luego salir a buscar financiamiento”, dice Bernardo Andrews, gerente general de Genneia, la empresa que lidera el mercado de renovables con un 19,5% de participación. En las últimas semanas, el gobierno de Javier Milei abrió aún más el Mater para permitir que no solo las renovables, sino otras fuentes de generación puedan también vender la electricidad a las grandes empresas, en pos de avanzar con la descentralización del Estado.

El problema es que más del 60% de la demanda la compran las distribuidoras eléctricas, entre las que se encuentran Edenor y Edesur, que en las últimas dos décadas tuvieron sus tarifas congeladas y no cubrían el costo de la electricidad. “Para que haya una normalización del mercado, se necesita que las distribuidoras también puedan y quieran comprar directamente la electricidad.

Al principio tal vez sea necesario que Cammesa salga de garante porque el historial crediticio de los últimos 20 años de las distribuidoras es malo por el congelamiento tarifario. Mientras tanto, seguimos tratando de vender generación a las empresas, pero ese mercado es acotado hacia adelante”, dijo Brandi.

La energía eólica y fotovoltaica en la Argentina se destaca por sus factores de capacidad, que mide cuánto tiempo del día están generado electricidad. En la eólica, el factor de capacidad alcanza al 50%, cuando en Europa, los parques más productivos no llegan al 40%. Los parques solares, en tanto, tienen un factor de capacidad del 30%, mientras que, en España e Italia, que tienen buen recurso, no llegan a ese porcentaje.

La construcción de un parque eólico cuesta aproximadamente US$150 millones cada 100 MW. Si bien es más caro que los US$90 millones que cuesta la construcción de 100 MW de un parque solar, el factor de capacidad es mayor (50% vs 30%). Los costos de construcción, sin embargo, advierten en el sector, son alrededor de 15% más caros que otros proyectos similares de la región debido a que en la Argentina hay costos de financiamiento más altos y porque falta infraestructura para trasladar los aerogeneradores y los paneles solares.

Por otro lado, destacan que una virtud general de los proyectos renovables es que pueden estar en funcionamiento en aproximadamente un año, a diferencia de otras formas de generación que demoran más tiempo. “Entre 2015 a 2025 hubo un periodo con mucha inestabilidad macroeconómica, con distintos gobiernos de partidos políticos y, sin embargo, se está cerca de cumplir la meta de la proporción que representan las renovables dentro de la matriz energética. Es un ejemplo que tenemos que tomarlo y replicarlo en otros sectores.

Fue muy exitoso como se dio, con una primera etapa donde el Estado intervenía un poco más con los contratos Renovar, y después vino la parte del Mater, con contratos entre privados, sin injerencia del Gobierno. Hoy no hay ningún subsidio al sector y hay una demanda genuina a de los grandes usuarios porque hay un costo competitivo”, resume Manuel Santos Uribelarrea (h), fundador y presidente de MSU, la empresa que nació enfocada en los negocios agropecuarios y que en los últimos años ingresó al sector energético. Actualmente tienen 380 MW de capacidad instalada operando de energía fotovoltaica.