Dólar oficial $1.440 – Dólar Turista 1.872 – Dólar blue $1.430 – Dólar MEP $1.438,53 – Contado con Liqui $1.482,90 – Riesgo País 504 //
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El conflicto por las tierras de Pulmarí sumó una definición clave que reordena el debate público y jurídico. Para la Corporación Interestadual Pulmarí (CIP), las personas que compraron lotes dentro del área no son propietarios ni ocupantes irregulares, sino víctimas de una estafa. Así lo afirmó de manera explícita su presidente, Daniel Salazar, en declaraciones radiales: “El que compró en Pulmarí fue estafado”.
La aclaración no es menor. Según explicó Salazar, la Corporación nunca vendió tierras y el dominio de las más de 113 mil hectáreas que administra pertenece al Estado. El único régimen vigente es el de concesiones temporarias, otorgadas mediante concursos públicos, con plazos, cánones y obligaciones específicas. Cualquier operación inmobiliaria por fuera de ese esquema carece de validez legal.
Desde esa perspectiva, la responsabilidad recae exclusivamente sobre quienes ofrecieron y comercializaron lotes de manera clandestina. “Quien compró debe reclamarle a quien le vendió, no a la Corporación ni al Estado”, sostuvo el titular del organismo, al tiempo que descartó de plano cualquier posibilidad de regularización dominial. “No se va a legalizar nada que haya nacido de un delito”, enfatizó.
La investigación interna se inició tras reiterados reclamos de comunidades mapuches y pobladores históricos, que alertaron sobre movimientos de suelo, loteos informales y un avance acelerado de construcciones en zonas protegidas. El relevamiento permitió detectar viviendas levantadas en áreas donde la ley de bosques lo prohíbe, edificaciones cercanas a cursos de agua y alambrados destinados a consolidar una falsa idea de propiedad privada.
De acuerdo con la conducción de la CIP, la maniobra podría involucrar a más de 100 personas que adquirieron terrenos sin verificar el estado dominial. La situación abrió un interrogante incómodo: cómo compradores con alto poder adquisitivo, algunos con formación profesional y vínculos empresariales, accedieron a operaciones sin exigir documentación básica que acreditara la propiedad.
Pulmarí no es un territorio cualquiera. Se trata de una de las reservas más importantes del sur neuquino, donde conviven comunidades mapuches, producción ganadera, turismo y un ecosistema de alto valor ambiental. Allí, la tierra tiene un régimen especial y un objetivo de preservación colectiva, incompatible con la lógica del mercado inmobiliario tradicional.
“Nuestra función es custodiar bienes públicos, no hacer negocios inmobiliarios”, remarcó Salazar.
El caso vuelve a poner en escena un conflicto de larga data. Desde la década del 90, las comunidades mapuches vienen denunciando el avance del negocio inmobiliario, el uso discrecional de concesiones y la connivencia entre sectores del poder político y económico para apropiarse de tierras públicas.
La diferencia, según destacan desde la Corporación, es que esta vez se decidió avanzar sin ambigüedades: se paralizaron obras, se retiraron estructuras recientes y se dio intervención a la Justicia para determinar responsabilidades penales y civiles.
En ese marco, Salazar reconoció que entre los compradores figuran empresarios, comerciantes de peso regional y actores con influencia institucional. Si bien los nombres permanecen bajo análisis judicial, el dato refuerza que la operatoria ilegal no se sostuvo en la informalidad, sino en redes de poder y silencios prolongados.
La decisión de avanzar contra las irregularidades generó tensiones, campañas de desinformación en redes sociales y ataques personales contra funcionarios y trabajadores del organismo. Frente a eso, la conducción optó por respaldarse en documentación, resoluciones administrativas y la legislación vigente.
Las comunidades mapuches que habitan Pulmarí ratificaron su acompañamiento a la investigación y a la actual conducción, al considerar que se trata de una respuesta concreta a reclamos históricos. También los municipios de Aluminé y Villa Pehuenia-Moquehue expresaron su apoyo, al advertir que el daño ambiental y la ilegalidad afectan directamente al desarrollo regional.
Pulmarí volvió a convertirse en un espejo incómodo para Neuquén. Lo que está en juego no es solo una serie de operaciones inmobiliarias irregulares, sino el rol del Estado como garante del interés público y la decisión política de no convalidar, aun bajo presión, un negocio ilegal.
