El territorio no incorporado de Estados Unidos desde 1898 no pudo participar de la votación presidencial, pero se expresó en una “elección simbólica”; también votó por incorporarse como el estado 51 de la potencia occidental en un referéndum no vinculante
Puerto Rico vivió las elecciones de Estados Unidos con un pie adentro y otro afuera. Las más de un millón de personas que se acercaron a los centros electorales este martes 5 de noviembre bajo una lluvia tropical típica del Caribe son ciudadanos norteamericanos, dado que la isla es un territorio no incorporado a ese país desde 1898. Los que fueron en transporte público, pagaron el boleto en dólares. En el cuarto oscuro, incluso, vieron boletas con la cara de Kamala Harris o Donald Trump. Pero, en su caso, eran simbólicas; sus votos no aportaron a la carrera que terminó en la victoria del candidato republicano. En los años pares, a este pueblo se le expone que la nación que ejerce la soberanía sobre su territorio, la democracia funcional más antigua del mundo, no le permite elegir a los representantes que la gobiernan.
Pero la ley electoral establece que vayan en la misma fecha a elegir alcaldes, legisladores estatales, comisionado residente -funcionario con asiento en Washington que tiene voz pero no voto en el Congreso norteamericano- y gobernador, cuya autoridad sobre lo que pasa en el territorio termina donde empieza la del gobierno federal.
En esta carrera se impuso por casi el 40% de los votos Jennifer González, candidata del oficialismo por el Partido Nuevo Progresista y la segunda mujer en ser electa gobernadora de Puerto Rico. El PNP, que logró un histórico tercer mandato consecutivo, aboga por la estadidad, es decir, la inclusión de la isla como el estado 51 de Estados Unidos.
Esta opción de estatus político también resultó la ganadora con el 56% de los votos en un referéndum no vinculante celebrado en paralelo a las elecciones, que daba otras dos posibilidades: la independencia -que logró un histórico segundo lugar tanto en el plebiscito como en la carrera a gobernador con su candidato Juan Dalmau- o la soberanía con libre asociación a Estados Unidos.
El derecho a votar en las elecciones norteamericanas sí fue una realidad para los puertorriqueños o sus descendientes que viven en los estados federales, una diáspora de casi seis millones de personas que está cerca de duplicar a los residentes en el territorio no incorporado. Esta comunidad, fuerte en estados como Nueva York, Florida, Nueva Jersey y Pensilvania, quedó en el centro de la campaña luego de que, en un mitin de Donald Trump, el cómico Tony Hinchcliffe llamó a Puerto Rico “una isla flotante de basura”.
Este comentario motivó una serie de apoyos en masa a Kamala Harris por parte de artistas puertorriqueños como Jennifer Lopez, Bad Bunny, Ricky Martin y Luis Fonsi. Hasta el reggaetonero Nicky Jam, que había pedido el voto para Trump con la economía como motivo principal, le pidió a sus seguidores que se lo dieran a la candidata demócrata.
La pésima imagen que el republicano tiene en la isla se expresó en la inédita votación “simbólica” con la que los puertorriqueños marcaron su preferencia entre los dos candidatos norteamericanos. Kamala Harris tuvo su mayor victoria en esta carrera a ninguna parte, donde recibió casi el 74% de las papeletas. Pero con los resultados oficiales, la gobernadora electa de Puerto Rico tendrá que ajustar su gestión a los límites que impongan un Poder Legislativo dominado por los republicanos y el flamante presidente Trump, a quien González apoyó públicamente.
Cómo podría afectar la elección de Trump
El comentario de la “isla flotante de basura” en el mitin de Trump cayó como una mancha más en la percudida imagen que el republicano tiene en la isla. Todavía se recuerda en la capital, San Juan, la única visita oficial que realizó a Puerto Rico, en septiembre de 2017, dos semanas después de la devastación causada por los huracanes Irma y María, el más fuerte registrado en su historia.
Vestido con un impermeable de la presidencia, Trump arrojó papel higiénico a las personas que se agolpaban desesperadas en los centros de emergencia, y más tarde dio una conferencia de prensa donde fue crudo: “Odio decírtelo, Puerto Rico, pero nos tiraron el presupuesto por la borda, gastamos muchísimo dinero en Puerto Rico”. No se quedó en palabras: los cerca de 20 mil millones de dólares de fondos federales para la reconstrucción de la isla que autorizó el Congreso norteamericano en 2017 se frenaron por tres años bajo la administración republicana, y luego se aplicaron a cuentagotas, aún bajo la presidencia de Joe Biden.
La politóloga Mayra Vélez-Serrano, directora del Laboratorio de Opinión Pública de Puerto Rico, dijo a LA NACION que una nueva presidencia de Trump plantea un escenario “preocupante” para la maltrecha economía puertorriqueña.
Desde que se declaró en bancarrota en 2016, el gobierno de la Isla está intervenido por una Junta de Control Fiscal, cuyos miembros son designados por el presidente norteamericano. Este organismo, que tiene derecho de veto sobre leyes aprobadas por la legislatura y el gobernador local, podría profundizar su austeridad en un mandato de Trump.
Nuevos fondos federales son requeridos para distintas áreas, entre las que se prioriza la reparación del tendido eléctrico de la isla, todavía afectado por el impacto de los huracanes Irma, María y Fiona (en 2022). La debilidad del sistema, privatizado en 2022 a expensas de la Junta de Control Fiscal, deriva en cortes de luz que se suceden semanalmente en todas las regiones de la isla, uno de los factores del hartazgo social que empujó a la opción independentista en estas elecciones. Por eso, todos los candidatos prometieron la reestatización de la energía, algo a lo que la junta se opone y que hora parece más difícil de negociar.
Pero Vélez-Serrano también subraya que la política de aranceles a los productos importados que propone el presidente electo perjudicará especialmente a los habitantes de Puerto Rico: “La isla depende mucho de la importación, aquí no se generan la mayoría de las cosas que nosotros consumimos, especialmente la comida. Aranceles en todos los productos encarecerán la vida en Puerto Rico, que ya de por sí es mucho más cara que en muchas partes de Estados Unidos con salarios mucho menores”.
¿Puede Puerto Rico convertirse en el estado 51?
En las elecciones de Puerto Rico, el pueblo de la isla se expresó mayoritariamente a favor de la opción de integrarse a los Estados Unidos. Sin embargo, la misma trayectoria del Partido Nuevo Progresista y Jennifer González muestran que no es tan fácil: la gobernadora electa era hasta ahora comisionada residente en Washington, un puesto desde el cual no hubo avances para su causa, algo que tampoco pudo el PNP en sus 55 años de existencia. Para que Puerto Rico se adhiera a la Unión, necesita la autorización del presidente y el Congreso norteamericano.
Para la profesora de Derecho en la Universidad de Columbia, Christina D. Ponsa-Kraus, la victoria de Trump aleja aún más esta posibilidad: “Hasta el año 2020, la plataforma republicana apoyaba la estadidad. Por la influencia de Trump, la eliminaron de sus propuestas”. En su visión, esto tiene que ver con el rechazo a la identidad latina de los puertorriqueños: “Ese partido es más antiinmigrante de lo que era antes, y piensan en los puertorriqueños como si fueran inmigrantes, aunque no lo son, son ciudadanos norteamericanos”.
Para Vélez-Serrano, la elección de Trump en Estados Unidos significa que “absolutamente nada va a pasar” con un cambio de estatus en Puerto Rico: “Esta es la ironía de Jennifer González, que habló sobre la necesidad de votarla para garantizar la estadidad mientras apoya a Donald Trump o a los republicanos, que eliminaron la estadidad de su plataforma”. En este sentido, su panorama es el de la continuación del estado actual de situación: “Continuaremos en un limbo político en el sentido del estatus, donde las decisiones que afectan a Puerto Rico, especialmente las económicas, seguirán en Washington, donde no tenemos ninguna posibilidad de influir”.
Por Franco Roth
