La baja de impuestos nacionales se sostuvo con recursos provinciales y ahora la reforma laboral amenaza la coparticipación. En un escenario de recaudación en caída, salarios rezagados y cambios acotados en el gabinete, el gobierno de Weretilneck enfrenta un 2026 de alto voltaje político.
En los dos primeros años de la gestión de Javier Milei, el principal sostén del “alivio fiscal” que exhibe la Casa Rosada no estuvo en la Nación, sino en las provincias. Fueron los distritos los que absorbieron buena parte del ajuste que permitió al Gobierno nacional mostrar superávit y reducir marginalmente la presión tributaria. Ahora, un nuevo frente de conflicto se abre con la reforma laboral: el artículo 191, que reduce el porcentaje de Ganancias que pagan las empresas, amenaza directamente la coparticipación.
Los números oficiales marcan que entre 2024 y 2025 la baja impositiva apenas alcanzó el 0,8% del PBI, muy lejos de las promesas de campaña de eliminar una presión tributaria que el propio Milei estimaba en torno al 30%. A esto se suma un dato estructural: impuestos “transitorios” creados en los años noventa siguen vigentes, sin señales de desarme.
Río Negro es uno de los casos testigo del impacto de esta política. En 2024 perdió cerca de 96.000 millones de pesos en coparticipación y, si se aplica el artículo 191 de la reforma laboral, podría resignar otros 42.000 millones anuales. El Gobierno nacional defiende la medida como un incentivo al empleo. Pero el contexto económico vuelve frágil ese argumento: no hay reactivación del consumo, las pymes y la industria siguen en retroceso y los sectores que hoy empujan el crecimiento —campo, minería y petróleo— no son grandes generadores de puestos de trabajo. No es casual que varias provincias adviertan que la reforma beneficiaría a un universo reducido de empresas, mientras erosiona recursos clave para las finanzas locales.
En despachos provinciales la definición es cruda: se trata de “un salto de fe”. La estrategia de Milei se apoya en un futuro que todavía no se materializa, mientras el presente exige nuevos sacrificios. Hasta ahora, las reactivaciones prometidas no llegaron.
Con ese telón de fondo, la administración de Alberto Weretilneck encara 2026 con un desafío sensible: reabrir paritarias en un contexto de salarios deteriorados. Los gremios reclaman recuperar poder adquisitivo perdido, mientras crece el endeudamiento de los trabajadores para cubrir gastos básicos. Según registros sindicales, una porción de los empleados estatales ya se ubica por debajo de la línea de pobreza.
El año que comienza no asoma como un simple período de transición. Todo indica que será un ciclo de alta intensidad política e institucional. En ese marco, se esperaba un relanzamiento de gestión con cambios de peso en el Gabinete y un giro en políticas cuestionadas, de cara al proceso electoral de 2027. El propio gobernador había hablado de “renovación, cambios e ideas nuevas”. Sin embargo, hasta ahora los movimientos fueron acotados: las salidas del ministro de Gobierno, Fabián Gatti, y de la titular del IPROSS, Marcela Ávila, aparecen —según el oficialismo— como las únicas de primera línea.
El rediseño en áreas sensibles se concentra en segundas y terceras líneas. En Educación, la ministra Campos pidió la renuncia de todo su equipo político y ahora se rearman estructuras. En Seguridad, Daniel Jara logró sostenerse tras exhibir una baja estadística del delito, aunque su falta de arraigo en la Policía sigue siendo una preocupación interna.
Gatti será reemplazado por Agustín Ríos, actual secretario de Gobierno, un dirigente de perfil bajo, cercano al intendente cipoleño Rodrigo Buteler y al legislador Facundo López, con la misión de garantizar la relación con intendentes y comisionados de fomento. En el IPROSS, Ivana Porro sucederá a Ávila, un corrimiento que fortalece el peso del ministro de Hacienda, Gabriel Sánchez, dentro del Gabinete.
Por ahora, el Ejecutivo provincial opta por el repliegue y no por la apertura que esperaban algunos socios políticos. Quedan casilleros por completar, pero no en áreas estratégicas. Si esa línea se mantiene, el malestar interno crecerá: hay sectores propios que aguardaban los recambios como una oportunidad para ganar protagonismo en Viedma.
Mientras tanto, el tablero económico se vuelve más estrecho. Con menos recursos, mayor presión social y un escenario nacional incierto, la discusión de fondo vuelve a instalarse: cuánto más pueden ceder las provincias para sostener un modelo que promete resultados a futuro, pero ya impone costos concretos en el presente.
