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La Justicia de Chubut avanza en una investigación por una presunta estafa vinculada con la adjudicación de viviendas sociales en Comodoro Rivadavia, que habría perjudicado a por lo menos 594 personas y generado movimientos de dinero superiores a los 60 millones de pesos. Cinco mujeres fueron acusadas formalmente por la Fiscalía, que sostiene que ofrecían casas del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) sin contar con las autorizaciones necesarias para concretar las adjudicaciones.
La acusación fue presentada el jueves 8 de octubre por el fiscal Martín Cárcamo, después de una investigación que incluyó denuncias de damnificados, comprobantes de transferencias, conversaciones digitales y documentación bancaria.
Según la hipótesis fiscal, las sospechosas solicitaban un pago inicial de 100.000 pesos y posteriormente exigían cuotas a quienes buscaban acceder a una vivienda.
La investigación apunta a una organización que habría aprovechado la necesidad habitacional de cientos de familias mediante promesas de adjudicación de casas construidas o proyectadas.
De acuerdo con la reconstrucción del Ministerio Público Fiscal, las maniobras se habrían desarrollado entre abril de 2023 y febrero de 2024.
La principal acusada, identificada como Vanesa Elizabeth Fita, se habría presentado como intermediaria y organizadora de una cooperativa de viviendas.
Según los investigadores, aseguraba contar con contactos con funcionarios públicos y ofrecía la posibilidad de acceder a inmuebles vinculados con programas habitacionales.
Sin embargo, la Fiscalía sostiene que no tenía autorización vigente ni los recursos necesarios para garantizar las adjudicaciones prometidas.
Las personas interesadas debían entregar una suma inicial de 100.000 pesos y luego continuar realizando pagos bajo la expectativa de acceder a una vivienda.
Una vez abonado el dinero, eran incorporadas a grupos de WhatsApp donde recibían comunicaciones sobre el supuesto avance de los proyectos.
También se organizaban reuniones informativas que, según la acusación, contribuían a mantener las expectativas de los participantes.
El fiscal Martín Cárcamo explicó que la investigación permitió identificar al menos 594 personas que habrían resultado perjudicadas.
Los movimientos financieros detectados superan los 60 millones de pesos, aunque esa cifra no necesariamente representa el perjuicio económico definitivo de todos los casos investigados.
Hasta el momento se reunieron 80 denuncias formales, acompañadas por distintos elementos de prueba.
Entre la documentación incorporada figuran comprobantes de pagos, registros de conversaciones y datos relacionados con encuentros organizados para informar sobre las supuestas adjudicaciones.
La Fiscalía también analizó transferencias realizadas a cuentas bancarias y billeteras virtuales.
Como parte de las tareas investigativas, se digitalizaron aproximadamente 700 gigabytes de información, incluidos registros bancarios, documentación fiscal y datos extraídos de teléfonos secuestrados durante allanamientos.
Los investigadores sostienen que esos elementos permiten reconstruir el funcionamiento de la presunta maniobra y establecer la participación atribuida a cada acusada.
La acusación establece distintos niveles de participación en los hechos investigados.
A Vanesa Elizabeth Fita, señalada como presunta organizadora de la maniobra, la Fiscalía le atribuye al menos 594 hechos de estafa por calidad simulada e influencia mentida, en concurso real y en calidad de autora.
Respecto de las otras cuatro acusadas, identificadas por sus apellidos como Cutrán, Páez, Miranda y Mancilla, el Ministerio Público Fiscal sostiene que habrían realizado aportes necesarios para concretar las presuntas defraudaciones.
A Cutrán y Páez les atribuyen participación en 400 hechos a cada una.
En el caso de Miranda, la acusación comprende 130 episodios, mientras que a Mancilla se le asigna intervención en al menos cuatro.
Algunos hechos involucran a más de una de las imputadas, por lo que las cifras individuales no deben sumarse para calcular la cantidad total de damnificados.
Las responsabilidades y la existencia de los delitos deberán ser determinadas durante el proceso judicial.
Uno de los aspectos investigados fue la posibilidad de que existieran funcionarios públicos involucrados en las maniobras.
La hipótesis surgió porque, según la acusación, la principal sospechosa habría utilizado supuestos vínculos con integrantes del Estado para generar confianza entre las personas interesadas en obtener una vivienda.
Sin embargo, el fiscal Cárcamo indicó que esa línea de investigación fue descartada.
De acuerdo con los elementos reunidos, no se acreditó la participación de funcionarios públicos en la presunta organización.
La Fiscalía también solicitó información al Instituto Provincial de la Vivienda para determinar la situación de las acusadas frente al organismo.
Con la presentación formal de la acusación, el expediente ingresa en una nueva etapa del proceso penal.
Las defensas deberán tomar conocimiento del planteo del Ministerio Público Fiscal y tendrán la oportunidad de responder a las imputaciones.
Posteriormente, se designará al juez que intervendrá en la audiencia intermedia, donde se analizarán los planteos de las partes y las pruebas que podrían incorporarse a un eventual juicio por jurados.
Por el momento, las cinco acusadas permanecen en libertad.
La Fiscalía considera que, por la cantidad de hechos atribuidos, algunas de las imputadas podrían enfrentar penas de prisión de cumplimiento efectivo en caso de ser condenadas.
Sin embargo, todavía no existe una sentencia y las acusaciones deberán ser examinadas en las siguientes instancias judiciales.
La investigación busca determinar cómo se captaron los pagos de cientos de familias de Comodoro Rivadavia que esperaban acceder a una vivienda social y cuál fue el destino del dinero entregado durante el período investigado.
