Jorge Crespo recomendó al Superior Tribunal de Justicia anular las resoluciones del intendente Walter Cortés por considerar que la convocatoria carece de sustento legal y corresponde al Concejo Deliberante decidir sobre consultas populares.
El procurador de Río Negro, Jorge Crespo, emitió un dictamen a favor de los concejales de Bariloche que cuestionan la convocatoria del intendente Walter Cortés al referéndum popular previsto para el 9 de noviembre. En su Dictamen 161, publicado este lunes, Crespo recomendó al Superior Tribunal de Justicia (STJ) declarar la nulidad de las tres resoluciones emitidas por el Ejecutivo municipal, al considerar que exceden las competencias del intendente y violan las atribuciones del Concejo Deliberante.
El conflicto se desató cuando los concejales opositores —Julieta Wallace, Leandro Costa Brutten, Facundo Blanco Villalba, Roxana Ferreyra y Samantha Echenique— presentaron un planteo judicial señalando que la convocatoria incluía diez preguntas, muchas relacionadas con proyectos aún en tratamiento dentro del cuerpo legislativo, configurando una intromisión del Ejecutivo en funciones exclusivas del Concejo.
El procurador recordó que, según la Carta Orgánica Municipal, solo el Concejo Deliberante tiene la facultad de determinar los casos que ameritan un referéndum popular, con excepción de situaciones específicas que no aplican al caso actual. Crespo sostuvo que la primera resolución de Cortés, que definió las preguntas de la consulta, carece de sustento legal, lo que invalida automáticamente las resoluciones posteriores que intentaron reglamentarla.
Crespo tomó como referencia experiencias previas en la ciudad, como el referéndum de 2009 sobre la instalación de un hipermercado, que fue convocado mediante ordenanza del Concejo Deliberante y ejecutado por el Ejecutivo a instancias de esa decisión. Según el procurador, este procedimiento asegura la legalidad y transparencia en la democracia semidirecta y protege las competencias del órgano legislativo municipal.
Ahora, la decisión final queda en manos del STJ, que deberá resolver antes del 9 de noviembre, fecha en que está previsto el referéndum. De confirmarse la línea del dictamen, la consulta popular quedaría suspendida y anulada.
El dictamen del procurador marca un paso clave en el conflicto de poderes entre el Ejecutivo municipal y el Concejo Deliberante, consolidando la posición de los concejales que buscan garantizar que las consultas ciudadanas se realicen dentro del marco legal vigente.
