El Gobierno nacional formalizó este jueves una resolución clave en el proceso de privatización de las represas hidroeléctricas del norte de la Patagonia y habilitó a Neuquén y Río Negro a participar en el concurso de licitación a través de veedores. La medida fue publicada en el Boletín Oficial mediante la Resolución Conjunta 2/2025 y establece las bases para el traspaso al sector privado de las concesiones de El Chocón, Arroyito, Piedra del Águila, Alicurá y Cerros Colorados.
Cada provincia podrá designar un representante en carácter de veedor para “colaborar en el seguimiento del proceso”, según indica el artículo 8. La resolución no precisa el perfil ni el plazo para dicha designación, por lo que se presume que estos puntos fueron negociados previamente entre Nación y los gobiernos de Rolando Figueroa y Alberto Weretilneck.
Además, se confirma que Energía Argentina S.A. (Enarsa) contratará a una empresa de servicios profesionales de primera línea para tasar las centrales hidroeléctricas, lo que marcará el valor de referencia para la venta. Esta compulsa estará a cargo de Enarsa, mientras que la Secretaría de Energía, conducida por María Carmen Tettamanti, tendrá la responsabilidad de confeccionar los pliegos del concurso nacional e internacional.
Según había trascendido previamente, Neuquén y Río Negro podrán adquirir hasta un 10% del paquete accionario de las futuras concesiones, pero deberán hacerlo al mismo precio que oferte el adjudicatario ganador.
Los pliegos deberán contemplar aspectos técnicos y regulatorios claves como la seguridad de las presas, el manejo de los embalses, la protección ambiental, el inventario de bienes, las condiciones de remuneración y las obras obligatorias. La Agencia de Transformación de Empresas Públicas, encabezada por Diego Chaher, coordinará la licitación junto con Energía, y Cammesa se encargará de implementar el “Data Room” para facilitar el acceso a la información técnica a los interesados.
El anuncio ocurre en medio de la polémica por la intención del Gobierno nacional de avanzar en la privatización sin mayor participación provincial, lo que generó preocupación entre legisladores y sectores vinculados a la administración de los recursos hídricos.
