El proceso, impulsado por el decreto 895/2024 en el marco de la reducción del Estado, involucra la venta de los paquetes accionarios mayoritarios de represas clave, cuyas concesiones ya han vencido.
El gobierno nacional ha iniciado el proceso de privatización de cuatro importantes represas hidroeléctricas ubicadas en las provincias de Neuquén y Río Negro: Alicurá, El Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila. Estas centrales, que en conjunto suman más de 4.000 MW de capacidad instalada, son fundamentales para el suministro energético de Argentina.
La privatización, establecida bajo el decreto 895/2024, tiene como objetivo reducir la intervención estatal mediante la venta de paquetes accionarios mayoritarios de estas plantas, cuyos contratos de concesión ya han expirado. Durante el proceso de transición, los actuales operadores continuarán a cargo de las instalaciones, mientras se completan las transferencias de bienes, personal y contratos.
Actualmente, el 98% de las acciones de estas represas está en manos de Enarsa, mientras que el 2% pertenece transitoriamente a NASA, hasta que se concrete el proceso de privatización.
Etapas del proceso de privatización
La Secretaría de Energía, junto con la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, gestionará la implementación del Concurso Público Nacional e Internacional, bajo los lineamientos del decreto 895/2024 y la Ley de Bases (decreto 695/2024). En este proceso, las empresas deberán presentar un informe detallado al Poder Ejecutivo, que será revisado también por la Comisión Bicameral del Congreso. Las ofertas incluirán anexos sobre contratos, inventarios, normas de manejo de agua y protección ambiental, asegurando así la continuidad del servicio.
Detalle de las represas y su capacidad energética
- Alicurá
- Operada por: AES (empresa estadounidense)
- Capacidad de generación: 1.050 MW
- Concesión vencida en: 2022
- Situada sobre el río Limay, es una de las plantas hidroeléctricas más importantes, generando el 11% de la energía hidroeléctrica de Argentina.
- El Chocón (incluye Arroyito)
- Operada por: Enel (empresa italiana)
- Capacidad de generación: 1.200 MW
- Concesión vencida en: 2022
- Genera alrededor del 15% de la energía hidroeléctrica del país y es clave en la regulación de caudales y control de inundaciones.
- Cerros Colorados
- Operada por: Aconcagua (empresa argentina)
- Capacidad de generación: 500 MW
- Concesión vencida en: 2021
- Sobre el río Neuquén, es vital para la regulación hídrica, el riego agrícola y la generación eléctrica en la región.
- Piedra del Águila
- Operada por: Central Puerto (empresa argentina)
- Capacidad de generación: 1.440 MW
- Concesión vencida en: 2023
- Responsable del 18% de la generación hidroeléctrica nacional, también ubicada sobre el río Limay.
La exclusión de las provincias: un conflicto en ciernes
Uno de los aspectos más controvertidos de este proceso es la falta de participación de las provincias de Neuquén y Río Negro, propietarias de los recursos hídricos que alimentan estas represas. La Constitución Nacional garantiza a las provincias la titularidad de los recursos naturales, lo que debería haber implicado su involucramiento directo en las negociaciones.
La omisión de las autoridades provinciales en la privatización erosiona la autonomía local y genera dudas sobre el reparto justo de los beneficios obtenidos de estos activos estratégicos. Este conflicto de intereses pone en tensión la relación entre la gestión nacional de los recursos energéticos y los derechos provinciales.
Impacto ambiental y uso del agua
El manejo de los caudales de los ríos Limay y Neuquén es otro punto crítico, dado el rol fundamental de estas represas en la prevención de inundaciones y la provisión de agua potable y para riego. El control por parte de empresas privadas podría priorizar la maximización de ganancias por encima de la preservación ambiental y el uso sostenible del recurso hídrico.
La regulación de los caudales, la gestión de sedimentos y la calidad del agua son aspectos vitales que deben ser controlados con rigurosidad, especialmente ante los desafíos del cambio climático. Un mal manejo por parte de las concesionarias podría afectar los ecosistemas acuáticos y a las comunidades locales que dependen del agua para el consumo diario y la agricultura.
Riesgos económicos y soberanía energética
La venta de estas represas a capitales privados, muchos de ellos extranjeros, implica una pérdida de control sobre una porción significativa de la infraestructura energética del país. La privatización de este tipo de activos críticos podría limitar el desarrollo regional, afectando los ingresos de las provincias y su capacidad para beneficiarse de sus recursos naturales.
En términos de soberanía energética, depender de empresas privadas para la generación eléctrica aumenta la vulnerabilidad del país frente a los intereses comerciales de actores externos. Esto podría impactar negativamente tanto en la disponibilidad de energía como en los precios para los consumidores.
La privatización de las represas en Neuquén y Río Negro representa un desafío para la gestión de los recursos naturales estratégicos de Argentina. La exclusión de las provincias dueñas de los recursos, los riesgos ambientales y la posible pérdida de soberanía energética son temas que exigen un análisis más profundo antes de avanzar con el proceso. Es fundamental garantizar que el equilibrio entre el desarrollo económico, la preservación ambiental y la sostenibilidad energética prevalezca sobre los intereses privados.
