El Ejecutivo anunció la venta de AySA, una de las ocho empresas habilitadas para privatizarse según la Ley Bases. Sin embargo, el proyecto para privatizar Aerolíneas Argentinas, que no figura en ese listado, sigue estancado en Diputados. Lleva más de nueve meses con dictamen favorable de comisión, pero sin que llegue al recinto para su votación.
En octubre de 2024, las comisiones de Transporte y Presupuesto aprobaron un proyecto del diputado Hernán Lombardi (PRO) que declara a Aerolíneas “sujeta a privatización” y autoriza al Ejecutivo a definir el marco legal y avanzar con la venta. La iniciativa obtuvo 35 firmas de legisladores de La Libertad Avanza, PRO y parte de la UCR.
El oficialismo enfrenta resistencias: Unión por la Patria y el Frente de Izquierda se oponen totalmente. Otros bloques proponen privatizar sólo hasta el 49%, manteniendo el control estatal mayoritario y un gerenciamiento mixto. También exigen que cualquier venta o cierre de la empresa sea aprobada por el Congreso.
La falta de consenso fue clave para que el proyecto nunca llegue al recinto. Pamela Verasay (UCR), quien presidió el debate en comisión, admitió que la definición depende del Gobierno y de la voluntad para negociar.
En ese contexto, el vocero presidencial Manuel Adorni cuestionó a Aerolíneas por sus pérdidas operativas —promedio de 400 millones de dólares anuales en 17 años— y los frecuentes paros que afectan a los usuarios. Adorni advirtió al Congreso: “Faltan meses para renovar bancas, es la última oportunidad para trabajar por la libertad de los argentinos”.
Además de Aerolíneas, el Ejecutivo tiene otras leyes dictaminadas pero sin avance en el recinto, como reformas al Código Penal y al Régimen Penal Juvenil. Mientras, proyectos anunciados con bombo y platillo, como la “Ley de Reparación Histórica” o la Ley de Seguridad Interior, ni siquiera comenzaron su tratamiento en comisión.
La privatización de Aerolíneas sigue siendo una prioridad para el Gobierno, pero deberá superar los bloqueos políticos para llegar a concretarse.
