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La violencia de género volvió a exhibir una de sus formas más extremas en la región, luego de que una mujer y sus tres hijos menores fueran privados de su libertad durante casi 24 horas por parte de su expareja, en un hecho que motivó la intervención policial y judicial en la zona de Zapala.
El episodio se conoció tras una audiencia judicial realizada este lunes, en la que la fiscalía formuló cargos contra el acusado, identificado como S.R., por haber retenido a la mujer y a los niños en un puesto rural de su propiedad, incomunicándolos y amenazándolos de muerte.
El caso generó fuerte preocupación por el nivel de violencia ejercido, el incumplimiento de medidas judiciales previas y el riesgo al que fueron expuestas las víctimas, todas menores de edad en el caso de los hijos.
El secuestro y el operativo de rescate policial
Según la acusación presentada por la asistente letrada Analía García, el hecho concluyó el sábado 10 de enero alrededor de las 15, cuando personal de la Comisaría 49 de Vista Alegre y del Departamento de Búsqueda de Personas logró dar con el imputado y las víctimas.
El hallazgo se produjo en un puesto ubicado sobre la Ruta 67, propiedad del acusado, luego de que se activara un pedido de paradero ante la falta de contacto con la mujer. Allí se encontraban la expareja del imputado y sus tres hijos menores de diez años, dos niños y una niña.
De acuerdo con la investigación, el acusado había trasladado a la familia en contra de su voluntad desde la noche del viernes 9 de enero, manteniéndolos privados de la libertad hasta el momento del rescate.
Amenazas, incomunicación y contexto de violencia de género
Durante el tiempo que permanecieron retenidos, el imputado habría ejercido amenazas de muerte contra la mujer y también contra su actual pareja, en un claro contexto de violencia de género.
La fiscalía detalló que el agresor le quitó el chip del teléfono celular a la víctima con el objetivo de impedir cualquier comunicación con el exterior y garantizar su aislamiento total.
Este accionar fue clave para configurar el delito de privación ilegal de la libertad y agravar el cuadro de riesgo en el que se encontraban tanto la mujer como los niños, quienes permanecieron incomunicados durante horas en un ámbito rural.
Antecedentes judiciales y violación de medidas previas
Uno de los aspectos más graves del caso es que el imputado ya contaba con antecedentes judiciales por hechos de violencia. Según expuso la fiscalía, S.R. se encontraba bajo una suspensión de juicio a prueba dictada en Zapala por episodios previos de violencia.
Ese beneficio incluía condiciones expresas, como la prohibición de contacto con la víctima y la obligación de no ejercer actos de violencia ni perturbación hacia ella.
El incumplimiento de esas medidas implica que el proceso anterior, que había sido suspendido, retomará su curso hacia la instancia de juicio, agravando la situación judicial del acusado.
Medidas de protección dispuestas por la Justicia
Ante el riesgo para la integridad psicofísica de la mujer y sus hijos, la fiscalía solicitó medidas urgentes de protección, que fueron admitidas por el juez Juan Guaita por un plazo de cuatro meses.
Entre las disposiciones se incluyó la colocación de un dispositivo dual de monitoreo electrónico, la prohibición de ingresar a Zapala y zonas aledañas —donde reside el grupo familiar— hasta que el sistema esté plenamente operativo, y la obligación de realizar presentaciones semanales en la Comisaría 16 de Neuquén.
Estas medidas buscan reducir el riesgo de nuevos episodios de violencia, aunque el imputado continuará en libertad mientras cumpla con las condiciones impuestas.
Avance de la investigación penal preparatoria
Durante la audiencia, la fiscalía también solicitó formalmente la apertura de la investigación penal preparatoria, con un plazo inicial de cuatro meses para la recolección de pruebas.
El juez Guaita dio por formulados los cargos al considerar que la evidencia reunida hasta el momento resulta suficiente para avanzar con el proceso. Entre los elementos valorados se encuentran informes policiales, intervenciones de fiscalías de Zapala y actuaciones de defensorías del niño, niña y adolescente.
El delito atribuido al acusado es privación ilegal de la libertad en carácter de autor, enmarcado en un contexto de violencia de género.
Los niños, víctimas directas de la violencia
Si bien la acusación principal recae sobre la privación de la libertad de la mujer, la presencia de tres niños menores de edad agrava el impacto del hecho y activa protocolos específicos de protección integral.
Los menores permanecieron junto a su madre durante todo el cautiverio, expuestos a amenazas, aislamiento y a una situación de extrema vulnerabilidad emocional y física.
Las autoridades intervinientes dieron aviso a los organismos correspondientes para garantizar el acompañamiento y la contención del grupo familiar tras el rescate.
Un caso que vuelve a encender las alertas
El episodio ocurrido en Zapala vuelve a poner en evidencia la persistencia y gravedad de la violencia de género en la región, incluso en contextos donde ya existían medidas judiciales vigentes para proteger a las víctimas.
La combinación de antecedentes, incumplimiento de restricciones, amenazas de muerte y la utilización de los hijos como parte del control violento configura un cuadro de extrema gravedad.
Mientras la investigación avanza y el acusado permanece en libertad bajo estrictas condiciones, el caso reabre el debate sobre la efectividad de las medidas preventivas y la necesidad de fortalecer los mecanismos de protección para mujeres e infancias en situaciones de violencia.
