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El Gobierno de Javier Milei abrió una nueva etapa de negociaciones para conseguir los votos necesarios que permitan aprobar el Presupuesto nacional 2027. La Libertad Avanza reunió a representantes de los bloques aliados y dialoguistas en la Cámara de Diputados, en un primer encuentro en el que surgieron reclamos por obras públicas, financiamiento provincial, discapacidad y universidades.
La reunión estuvo encabezada por el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, quien recibió las demandas de los legisladores para trasladarlas al Ministerio de Economía.
El oficialismo busca avanzar en los acuerdos antes de que comience el tratamiento en comisión, pero enfrenta diferencias con sus aliados y pedidos de los gobernadores que condicionan el respaldo al proyecto.
Uno de los principales puntos de discusión fue la distribución de recursos nacionales entre las provincias.
Los representantes de partidos provinciales llevaron a la reunión un listado de obras públicas que sus respectivos gobernadores consideran prioritarias para el próximo año.
También solicitaron precisiones sobre los fondos que recibirán sus distritos durante 2027.
El planteo tiene relevancia política porque el oficialismo necesita sumar apoyos fuera de su bloque para avanzar con la aprobación del Presupuesto.
En ese escenario, las partidas destinadas a infraestructura y las transferencias de recursos aparecen como elementos centrales de la negociación.
Guberman escuchó los pedidos, aunque durante el encuentro no se comunicaron respuestas concretas sobre los montos disponibles ni compromisos de financiamiento.
Para provincias como Neuquén y Río Negro, la discusión presupuestaria nacional resulta relevante por su incidencia en el financiamiento de infraestructura y en los recursos que reciben de la Nación. Sin embargo, hasta el momento no se difundieron detalles de obras específicas reclamadas por los representantes de ambos distritos en esta negociación.
Otro de los reclamos surgió de representantes del PRO y del Movimiento de Integración y Desarrollo (MID).
Los legisladores solicitaron que el Ministerio de Economía presente un informe detallado sobre las partidas presupuestarias previstas para el área de discapacidad.
Según plantearon, el Gobierno todavía no cumplió con el compromiso de informar cuáles serán los recursos concretos destinados al sector durante 2027.
La discusión se incorpora a un debate más amplio sobre el financiamiento de prestaciones y servicios vinculados con la atención de personas con discapacidad.
Para los bloques dialoguistas, contar con cifras específicas constituye una condición importante para evaluar el contenido del proyecto y definir su posición durante el tratamiento legislativo.
El financiamiento de las universidades nacionales también se convirtió en uno de los puntos de discusión.
La conducción nacional de la Unión Cívica Radical emitió un comunicado en el que pidió a sus legisladores defender los recursos necesarios para el funcionamiento de las instituciones universitarias durante 2027.
El pronunciamiento se produjo después de una reunión con rectores, representantes legislativos y autoridades de la Federación Universitaria Argentina.
Entre los participantes estuvieron los diputados Martín Lousteau, Mariela Coletta y Karina Banfi, junto con legisladores socialistas y representantes estudiantiles.
La posición del Comité Nacional de la UCR introduce una diferencia respecto de sectores parlamentarios del radicalismo que mantienen una relación de mayor colaboración con el Gobierno.
El debate tiene especial importancia para las universidades públicas de todo el país, incluida la Universidad Nacional del Comahue, aunque no se informaron partidas específicas para esa institución en el encuentro.
Además de las cuestiones presupuestarias, los diputados abordaron la discusión sobre la regulación de la propiedad de tierras rurales por parte de capitales extranjeros.
El oficialismo busca modificar el régimen vigente, pero el acompañamiento de sus aliados no está garantizado.
La cuestión volvió a la agenda legislativa después de una intervención de la Corte Suprema que obligó al Ejecutivo a revisar el tratamiento del tema.
Una de las alternativas que analiza La Libertad Avanza es incorporar disposiciones vinculadas con la Ley de Tierras al proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.
Esa iniciativa obtuvo media sanción en el Senado el 7 de agosto, con 37 votos afirmativos y 33 negativos, y actualmente se encuentra en la Cámara de Diputados.
Sin embargo, todavía no existe un acuerdo definitivo sobre cómo se abordarán los límites a la adquisición de tierras por parte de extranjeros.
El tema tiene particular relevancia para las provincias patagónicas, donde la propiedad de grandes extensiones rurales y la presencia de capitales extranjeros forman parte de una discusión histórica.
La negociación presupuestaria también se desarrolla en un contexto de posiciones divergentes dentro de los partidos que habitualmente acompañan al oficialismo.
En el PRO, mientras una parte de sus legisladores mantiene una postura de colaboración parlamentaria, la Fundación Pensar difundió análisis críticos sobre la situación económica y determinadas iniciativas del Gobierno.
Los informes de la fundación señalaron problemas de actividad económica y cuestionaron propuestas oficiales relacionadas con el endeudamiento de las familias.
En la UCR ocurre algo similar: la conducción partidaria reclama una defensa explícita del financiamiento universitario, mientras que distintos sectores legislativos mantienen posiciones propias frente a las iniciativas del Ejecutivo.
Estas diferencias dificultan que el Gobierno pueda considerar asegurado el respaldo de los bloques dialoguistas.
El Presupuesto 2027 también incluye disposiciones relacionadas con la administración de la deuda pública.
Una de ellas permitiría al Poder Ejecutivo modificar determinadas condiciones de endeudamiento sin solicitar una nueva autorización al Congreso, siempre que se respete el monto total previamente aprobado.
El mecanismo contempla la obligación de informar periódicamente al Poder Legislativo sobre esas operaciones.
Aunque se trata de una disposición relevante, no fue uno de los principales asuntos discutidos durante el encuentro con Guberman.
La reunión encabezada por Menem y Guberman constituyó un primer acercamiento entre el Gobierno y los bloques que podrían facilitar la aprobación del Presupuesto.
Por ahora, los pedidos fueron recibidos, pero no se anunciaron acuerdos sobre las partidas destinadas a discapacidad, universidades, infraestructura o transferencias provinciales.
El Ministerio de Economía deberá evaluar las demandas antes de que el proyecto avance en su tratamiento parlamentario.
La principal dificultad para La Libertad Avanza será compatibilizar sus objetivos fiscales con los reclamos de los gobernadores y las condiciones planteadas por sus aliados.
Con las negociaciones todavía abiertas, el resultado dependerá tanto de las concesiones presupuestarias que esté dispuesto a realizar el Ejecutivo como de la capacidad de los bloques dialoguistas para acordar una posición común.
