La jueza federal Loretta Preska, del distrito sur de Nueva York, citó a la República Argentina y a los fondos Burford y Eton Park, beneficiarios del fallo por la expropiación de YPF, a una conferencia judicial que se realizará el próximo martes 15 de julio. El encuentro buscará destrabar el conflicto millonario que enfrenta al Estado nacional con los litigantes internacionales desde hace más de una década.
El Gobierno argentino había presentado esta semana la apelación formal ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York. La apelación busca frenar la orden de Preska que obliga a transferir el 51% de las acciones de YPF como parte de pago de la sentencia que ya supera los US$17.700 millones, sumando intereses desde el fallo original dictado en septiembre de 2023.
El fallo que compromete el capital accionario de YPF
El reclamo, impulsado por los fondos Burford y Eton Park, se basa en la expropiación de la petrolera realizada en 2012 durante la presidencia de Cristina Kirchner. La operación incluyó la compra de la participación de Repsol pero, según los demandantes, el Estado argentino no cumplió con el estatuto de la compañía, que establecía la obligación de lanzar una oferta pública de adquisición por las acciones restantes.
El pasado 30 de junio, Preska rechazó el pedido del Gobierno para suspender la ejecución del fallo, ordenando a la Argentina que antes del lunes 14 de julio deposite las acciones en custodia en un banco de Nueva York. Ante esa inminencia, la Procuración del Tesoro presentó escritos para frenar la medida, pero finalmente la Casa Rosada decidió avanzar directamente con la apelación.
Qué se discute ahora en la Justicia de EE. UU.
La conferencia judicial citada por Preska tendrá como objetivo resolver los pasos a seguir. Entre otras cuestiones, los fondos beneficiarios podrían solicitar información detallada sobre sociedades o entidades que representen a la Argentina en el exterior para avanzar con embargos u otras medidas que garanticen la ejecución de la sentencia.
Mientras tanto, el Gobierno argentino argumenta que la orden de transferencia de acciones es inaplicable sin la aprobación del Congreso, ya que implicaría ceder parte del capital de una compañía estratégica. El presidente Javier Milei volvió a manifestar públicamente que “el fallo no tiene aplicación porque violenta la ley argentina. Para ejecutarlo debería haber una ley del Congreso con dos tercios, y eso no va a ocurrir”.
El origen del juicio millonario
En 2012, la Argentina decidió nacionalizar la participación de Repsol en YPF, pagando la operación mediante bonos. Sin embargo, la familia Eskenazi, accionista minoritaria a través del Grupo Petersen, alegó que no se cumplió el estatuto de la empresa. Burford Capital y Eton Park compraron esos derechos de litigio por una fracción de su valor y sostuvieron la demanda hasta obtener el fallo favorable de Preska.
Con la reciente orden judicial de entregar el 51% de las acciones, el caso se tornó aún más complejo. Además de afectar el control estatal de YPF, abre la puerta a que otros acreedores puedan reclamar pagos con acciones de la petrolera.
Expectativa por la definición en tribunales
El encuentro previsto para el martes podría determinar si se otorga una nueva prórroga, si se mantiene la ejecución inmediata o si se abre una vía de negociación. Por ahora, el Gobierno se muestra firme en su estrategia de apelar la sentencia hasta las últimas instancias para evitar desprenderse de un activo clave para la matriz energética argentina.
La tensión entre la justicia estadounidense y la posición oficialista vuelve a poner en foco la vulnerabilidad legal de la Argentina frente a litigios internacionales, en un contexto de alta presión financiera y necesidad de captar inversiones para reactivar la economía.
