El gobierno neuquino propuso una nueva ley para poder desplegar una política de cobro de las viviendas sociales. Aún no está cerrado el registro de interesados en obtener una vivienda construida por el Estado.
El proyecto fue presentado por el ministro de Infraestructura, Rubén Etcheverry, en la comisión de Asuntos Constituciones de la Legislatura, y por el cual se propone la creación del programa “de sostenibilidad habitacional” con el objeto de establecer la valuación y financiación de viviendas.
El proyecto propone la creación del registro de personas que han sido beneficiarias de estos planes y provoca que, en el caso de mora de tres cuotas consecutivas o cinco alternadas, la caducidad de los planes. “La consecuencia es, en el caso del IPVU, la caída del contrato y la novación de la deuda: hay una tasación del Tribunal de Tasación del metro cuadrado que se multiplica por el metro cuadrado de la casa, que se divide por el valor del UVI, Unidad de Vivienda, que da a conocer el Banco Central de manera diaria”.
Desde los distintos bloques destacaron la necesidad de elaborar una propuesta de recupero de la inversión estatal.
El diputado Marcelo Bermúdez (Pro) describió que el proyecto busca generar una herramienta de cobro de las deudas que existen en las viviendas del Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo, IPVU (construye casas) y de la Agencia de Desarrollo Urbano Sustentable, ADUS (da financiamiento). Acotó que, en la historia de la Provincia, se han construido y entregado unas 58.000 viviendas, de las cuales el 17% están canceladas, más o menos unas 10.000 unidades. Quedan unas 48.000 a cancelar de las cuales 5.000 se encuentran en situación regular, se vienen pagando las cuotas en forma regular, y unas 43.000 no han cobrado.
El legislador contó que de esta última cifra, más o menos la mitad se encuentran estrictamente en mora y las otras ni siquiera se pusieron al cobro “por distintos motivos que a mi juicio no son justificativos pero evidentemente trabaron el cobro como la falta de mensura y el final de obra”. Aclaró que no son justificativos porque más allá de la ausencia de estos trámites las viviendas están ocupadas.
Agregó que el proyecto crea un certificado de libre deuda habitacional. El Estado, en cualquier contratación que realice con personas físicas va a solicitar ese libre deuda para contratar.
“El objetivo es absolutamente razonable y habría que acompañar la iniciativa más allá de los aportes a la redacción”, manifestó.
Por su parte, el diputado Gabriel Álamo (MPN), si bien destacó la necesidad de elaborar una modalidad de recupero advirtió que “tiene que haber un fuerte eje en la cuestión socioeconómica de las familias porque no todas tienen las mismas condiciones para pagar”. Admitió que “está incorporada esta irresponsabilidad del pago de la vivienda que se naturaliza mucho” y expuso que “es fundamental que haya recupero porque así se pueden construir nuevas viviendas”.
Insistió en que “es necesario revisar cada caso y los ingresos y posibilidades de pago de cada familia”.
Guillermo Monzani (Hacemos Neuquén) describió que las advertencias de Álamo estaban incorporadas en dos artículos del proyecto que envió el Ejecutivo en relación a que la cuota no podrá superar el 30% del ingreso familiar y también sobre la vulnerabilidad de las familias.
“Obviamente sabemos que el sistema, así como está, no funciona y asistimos a lo absurdo de algunas cuotas en algunos planes son de $200 y en otros barrios, un poco más acomodados, se pagan entre $2.500 y $3.000”, precisó.
Recordó que en el plan de 570 viviendas que se hizo en las gestiones municipales del extinto Horacio Quiroga (UCR) se paga $2.200 “medio paquete de yerba”.
Puso en duda si es necesario cargar el libre deuda al carnet de conducir que hoy ya tiene el de morosidad, deudor alimentario y de tasas.
“El sistema así no funciona y mucho menos la cadena para después poder hacer más vivienda”, afirmó y citó a la diputada Mercedes Tulián (Pro) en que en el mismo impuesto a los combustibles está el 18,9% que destina a viviendas lo que “parece un fondo perdido porque lo que se recauda”.
Ejemplificó que en caso de un grupo de 100 viviendas, con los valores actuales, se puede recuperar media vivienda para dimensionar el tema hacia un círculo virtuoso.
Claudio Dominguez (MPN) aclaró que como las viviendas figuran a nombre del ADUS y del IPVU “no se le puede cobrar impuesto inmobiliario” y “tampoco los servicios municipales como la recolección de residuos”.
Reveló que en los municipios de Neuquén, Plottier y Centenario no se le puede cobrar tasas porque el ADUS y el IPVU no le informa a esos municipios quienes son los que tienen la tenencia de las casas “que pasa en un 80% y se genera una deuda que nunca se va a cobrar y el municipio debe brindar el servicio igual”.
Propuso tener en cuenta este aspecto porque los municipios no les cobran a esos vecinos y el costo se recarga al resto de los contribuyentes.
Se debatió sobre el tiempo que demora la escrituración porque intervienen cooperativas y sindicatos y entonces se propuso que el día que se otorgue la vivienda se brinde un certificado de habilitabilidad que permita obtener servicios.
Con información Diario Río Negro (Por Mario Rojas)
