Planes sociales en Neuquén: cómo avanzará la recuperación de los fondos desviados

Tras la condena penal de los funcionarios involucrados en la estafa, el gobierno provincial inicia un complejo proceso en el fuero administrativo para reclamar los subsidios desviados, cuyo monto supera los $1.100 millones.

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Neuquén habilitó la acción de la fiscalía de Estado para reclamar la devolución de los fondos de los planes sociales que fueron desviados entre 2020 y 2022. La maniobra, que involucró a doce funcionarios y empleados estatales, incluido el exministro de Desarrollo Social Abel Di Luca, generó un perjuicio estimado en $153,3 millones, que actualizado con intereses y costas alcanza los $1.160 millones.

Si bien el juicio penal concluyó con la condena por administración fraudulenta, el proceso administrativo aún debe recorrer varias etapas antes de que se pueda recuperar el dinero. La acción iniciada en 2024 aún no entró en la fase de producción de prueba, y no existen plazos fatales para su resolución, por lo que el trámite podría extenderse por años.

El primer obstáculo surgió cuando el juez procesal administrativo, José Pusterla, detuvo la demanda argumentando que la responsabilidad patrimonial de los funcionarios públicos corresponde exclusivamente al Tribunal de Cuentas. El TSJ, sin embargo, corrigió la decisión y permitió que el juicio avanzara, señalando que la magnitud del perjuicio justifica una perspectiva más amplia.

Con la sentencia penal de diciembre como respaldo, el gobierno provincial cuenta ahora con un instrumento legal para avanzar en la recuperación de los fondos desviados, aunque la interrogante sobre cuánto de ese dinero efectivamente se podrá recuperar y en qué plazos sigue abierta.

En paralelo, se mantiene la discusión sobre la calificación de los hechos: mientras la sentencia actual habla de administración fraudulenta, el gobernador Rolando Figueroa busca que se tipifique como asociación ilícita, tema que será debatido a lo largo de 2026, junto con las impugnaciones anunciadas por todas las partes involucradas.