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El diputado nacional Marcelo Mango presentó un pedido formal para que se trate la posible expulsión de la legisladora Lorena Villaverde del Congreso, invocando el artículo 66 de la Constitución Nacional, que habilita la exclusión de un miembro por “indignidad”.
La solicitud fue dirigida al presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Nicolás Mayoraz, con el objetivo de que convoque de manera urgente a una reunión para analizar el expediente.
“El caso no puede seguir cajoneado”, sostuvo Mango, al fundamentar la necesidad de avanzar con el tratamiento.
Los argumentos del pedido
Entre los fundamentos, el legislador mencionó antecedentes judiciales y hechos de público conocimiento que, según indicó, comprometen la idoneidad de la diputada.
Señaló su detención en Estados Unidos en el marco de causas vinculadas al narcotráfico, presuntos vínculos con personas investigadas por lavado de activos y su participación en causas por estafas inmobiliarias en Río Negro.
También recordó que su diploma fue rechazado previamente por el Senado, al considerar que no cumplía con los requisitos de “idoneidad moral, ética y constitucional”.
Nuevos elementos en la causa
Mango agregó que la situación se agravó con hechos recientes, como un embargo millonario dispuesto por la Justicia en una causa por estafas inmobiliarias en Las Grutas.
Asimismo, cuestionó el otorgamiento de un crédito hipotecario por parte del Banco Nación, lo que derivó en nuevas denuncias penales.
Para el diputado, la acumulación de estos elementos configura un cuadro de gravedad que el Congreso no puede ignorar.
Un planteo de alcance institucional
El legislador advirtió que el caso trasciende a una persona y se inscribe en un problema institucional más amplio, vinculado a la conducta de funcionarios públicos bajo investigación judicial.
En ese sentido, mencionó también la situación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien se encuentra bajo investigación por operaciones inmobiliarias.
Finalmente, Mango remarcó que la Cámara de Diputados cuenta con herramientas constitucionales para actuar y sostuvo que deben aplicarse en este tipo de situaciones para resguardar la integridad institucional.
