Los bloques legislativos del Partido Justicialista – Nuevo Encuentro (PJ-NE) y Vamos con Todos (VcT) de Río Negro solicitaron a la Secretaría de Energía provincial un informe detallado y urgente sobre la situación económica y financiera de Aconcagua Energía S.A., empresa que explota varias áreas hidrocarburíferas en la provincia y que recientemente comunicó su “default técnico”.
La empresa notificó su situación de incumplimiento financiero el pasado 19 de junio, lo que generó preocupación entre los legisladores, dado que Aconcagua había sido beneficiaria de renovaciones de contratos petroleros con aval legislativo entre fines de 2024 y principios de este año.
Desde los bloques peronistas denunciaron que durante el tratamiento legislativo de dichas prórrogas, nunca se les facilitó documentación clave: “Solicitamos en varias oportunidades los expedientes que contenían los estados financieros de la empresa, los niveles de inversión comprometidos y las garantías ofrecidas. No tuvimos acceso a esa información”, señalaron en un comunicado.
“Hoy vemos las consecuencias de haber aprobado contratos sin conocer en profundidad la situación de la compañía”, advirtieron.
En el pedido formal, los legisladores exigen que se detalle el avance real de las inversiones comprometidas por la firma, así como los fundamentos que llevaron al Ejecutivo a avalar una renegociación con una empresa que, según consta en registros de la Comisión Nacional de Valores, ya exhibía un pasivo del 51% respecto a sus activos.
Además, solicitan que se informe qué medidas prevé el Gobierno provincial para exigir la reparación de eventuales daños económicos, y qué instrumentos legales están disponibles para garantizar que se cumplan los compromisos de inversión asumidos.
La compañía, que además de operar áreas petroleras en Río Negro tiene participación en la generación eléctrica en la región, atraviesa un proceso de reestructuración de deuda tras el fracaso de una colocación de bonos por 250 millones de dólares. Según se conoció, el endeudamiento total asciende a casi 400 millones de dólares.
Entre sus activos estratégicos, Aconcagua controla la central térmica Alto Valle en Neuquén, ubicada en una zona clave para el abastecimiento energético del conglomerado urbano de la Confluencia y el Alto Valle rionegrino. También es concesionaria de la central hidroeléctrica Cerros Colorados, cuyo contrato vencerá cuando el Gobierno nacional vuelva a licitar el manejo de esas represas, en una fecha aún no definida.
El caso Aconcagua reaviva el debate sobre la transparencia en las concesiones petroleras y la necesidad de mayor control estatal sobre el cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte de las empresas que explotan recursos estratégicos en la región.
