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El Gobierno de Neuquén anunció que denunciará penalmente a representantes de comunidades mapuches que desde hace seis días acampan frente a Casa de Gobierno en reclamo del otorgamiento de personerías jurídicas. La administración provincial sostuvo que las agrupaciones movilizadas —los lof Kelv Kurá, Fvta Xayen, Newen Kurá y Ragilew Cárdenas— no presentaron la documentación requerida para formalizar el trámite, y atribuyó a ese incumplimiento el motivo de la negativa.
La medida judicial se basa en la ocupación de oficinas públicas y en la interrupción de la circulación en el sector céntrico de la capital neuquina, que según el Ejecutivo provincial “altera la paz social”. También se advirtió que durante la protesta se utilizaron animales, se prendieron fogatas y se colocaron baños químicos y carpas, generando olores, humo y dificultades de tránsito, incluso para personas con movilidad reducida.
“La postura radicalizada de algunos referentes, sumada a amenazas públicas y publicaciones en redes sociales, nos obliga a actuar en defensa del orden y el cumplimiento de la ley”, indicaron fuentes oficiales. El Gobierno documentó estas situaciones y las incorporará a la presentación judicial por presuntos delitos contra el orden público.
Las comunidades movilizadas denuncian que la Provincia frena arbitrariamente los trámites de reconocimiento jurídico y exigen que se avance con el otorgamiento de las personerías para poder acceder a derechos colectivos como el uso de tierras comunitarias o la participación institucional.
En declaraciones públicas, integrantes de las comunidades afirmaron que no se retirarán del lugar hasta tener respuestas formales. Desde el Ejecutivo, en cambio, remarcan que hay inconsistencias administrativas en los expedientes y que algunas de las agrupaciones “estarían en conflicto con otras comunidades de la zona”, lo que complica el proceso de validación.
La tensión escaló en los últimos días y desde el entorno del gobernador Rolando Figueroa trascendió que se agotaron las instancias de diálogo. “No se puede tolerar la toma de espacios públicos ni las amenazas. Respetamos el derecho a manifestarse, pero dentro del marco legal”, advirtieron.
El conflicto abre un nuevo capítulo en la relación entre el Estado provincial y los pueblos originarios, en un contexto en el que distintos sectores mapuches reclaman mayor reconocimiento institucional y autonomía sobre sus territorios. La vía judicial, anunciada por el Gobierno, marca un giro en la estrategia oficial frente a los reclamos indígenas en Neuquén.