El despacho quedó habilitado para poder ser tratado en la próxima sesión ordinaria del cuerpo.
La comisión de Hacienda y Presupuesto (B) aprobó por unanimidad la iniciativa que fija la pauta salarial anual para el personal dependiente del poder Judicial. Así lo decidió hoy por la mañana el cuerpo que preside la legisladora Zulma Reina (DC-Comunidad) al analizar el proyecto.
El despacho quedó habilitado para poder ser tratado en la próxima sesión ordinaria del cuerpo.
Cabe destacar que la iniciativa fue presentada por el Tribunal Superior de Justicia y cuenta con el aval del gremio SEJUN.
Según su articulado, el aumento acordado comenzará a regir a partir del mes de abril, se actualizará en forma trimestral según el promedio que arrojen los porcentuales del IPC nacional y provincial, y la modalidad alcanzará hasta los haberes que se perciban en enero del próximo año.
A la vez, el cuerpo votó a favor el despacho que crea una campaña para prevenir a la población sobre estafas telefónicas y por Internet.
Según explicó el autor de la iniciativa, Carlos Coggiola ( Neuquén Federal), la intención es poder alertar a la ciudadanía respecto a las nuevas modalidades que se utilizan para estafar o acceder a datos personales a partir del hackeo de unidades móviles o a través de contactos a través de llamadas telefónicas.
Al respecto, el legislador identificó que las modalidades que utilizan los delincuentes cambian y se tornan más sofisticadas con el tiempo.
En ese sentido, propuso que desde el Ejecutivo provincial se lleve adelante una política permanente de información y concientización que apunte a los grupos etarios que pueden ofrecer mayor vulnerabilidad ante este tipo de estafas.
En otro orden, la comisión empezó a evaluar una iniciativa que dispone el pago anticipado del impuesto a los ingresos brutos sobre la mercadería que ingresa a la provincia para ser comercializada.
La percepción anticipada será del orden del 1% y busca poder cobrar el impuesto a las personas físicas o jurídicas que se encuentran radicadas en otras jurisdicciones.
A solicitud del legislador Coggiola, el cuerpo decidió elevar un pedido de informe a la Dirección General de Rentas para que opine sobre la medida.
