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El conflicto viene arrastrándose desde fines de 2023 y se profundizó a lo largo de 2024. Desde el sindicato sostienen que los aumentos otorgados durante ese período no lograron compensar la pérdida real del poder adquisitivo, especialmente luego de la devaluación de diciembre y de una inflación que, aseguran, no fue absorbida por los acuerdos salariales vigentes.
A diferencia de otros gremios estatales y docentes, que consiguieron recomposiciones parciales, Sejun afirma que los trabajadores judiciales acumulan una caída salarial cercana al 30%, lo que mantiene el conflicto abierto y sin resolución.
La última reunión paritaria, realizada en diciembre, terminó sin acuerdo. El sindicato rechazó la propuesta del TSJ, a la que calificó como “sumamente insuficiente”. La oferta replicaba el esquema acordado por el gobierno provincial con otros sectores: actualización salarial por Índice de Precios al Consumidor (IPC) hasta junio de 2026 y el pago de una suma fija extraordinaria de 350 mil pesos en enero.
El eje del conflicto: el “mejor IPC”
El principal punto de desacuerdo estuvo en el mecanismo de actualización salarial. La conducción actual del gremio, encabezada por Claudio Salazar, reclamó un sistema de IPC mensual automático y mejor ponderado. La propuesta sindical plantea aplicar siempre el índice más alto que surja entre la inflación provincial y la inflación nacional medida por el INDEC, y no un promedio, como propuso el TSJ.
Desde Sejun explican que ese criterio es el único que permitiría comenzar a recuperar la pérdida salarial acumulada y evitar nuevos desfasajes frente a la inflación. Además, el gremio plantea que cualquier recomposición debe priorizar a los trabajadores del escalafón, especialmente en las categorías más bajas, y no extenderse de manera uniforme a funcionarios y magistrados, cuyos ingresos —según el sindicato— se encuentran en niveles sensiblemente superiores.
Tras el rechazo de diciembre, la paritaria quedó en un virtual impasse. La feria judicial de enero enfrió las negociaciones y, hasta el momento, el Tribunal Superior de Justicia no presentó una nueva oferta formal. En paralelo, el sindicato impulsó un plan de lucha que incluyó un paro de 24 horas el 30 de diciembre y la realización de asambleas, plenarios y recorridas para febrero, con el objetivo de sostener el reclamo en agenda.
El recambio gremial, una clave política
Un dato central que atraviesa la negociación es el cambio de conducción en el gremio judicial. La actual gestión finalizará su mandato a fines de febrero y el próximo 13 de febrero asumirá como secretario general Santiago Alonso, tras el triunfo de la lista Verde en las elecciones internas.
En ese contexto, dentro del Poder Judicial se da casi por hecho que el TSJ buscará retomar la negociación con la nueva conducción ya en funciones, con la expectativa de abrir una etapa distinta de diálogo y encontrar una salida al conflicto sin nuevas medidas de fuerza.
Desde Sejun, sin embargo, advierten que la situación sigue siendo delicada. El gremio insiste en la necesidad de cerrar la paritaria cuanto antes para evitar que el conflicto se traslade al inicio del año judicial y afecte el normal funcionamiento del servicio de Justicia.
Por ahora, la paritaria judicial de Neuquén permanece abierta, sin acuerdo y con una definición postergada. Todas las miradas están puestas en la segunda semana de febrero, cuando el TSJ y la nueva conducción gremial deberán decidir si existe margen real para destrabar un conflicto que ya lleva más de un año.
