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Tras un cuarto intermedio en la Mesa de la Función Pública, el Ejecutivo provincial formalizó el esquema que había anticipado previamente. El eje central es el pago de una suma fija no remunerativa de $250.000, que se abonaría en dos tramos de $125.000, el 20 de febrero y el 20 de marzo. El objetivo, según el Gobierno, es reconocer parcialmente la pérdida salarial acumulada durante 2025.
La propuesta se completa con un mecanismo de actualización salarial cuatrimestral basado en un promedio entre el Índice de Precios al Consumidor (IPC) nacional y el IPC de Viedma. Esa actualización se liquidaría de manera bimestral: con los haberes de febrero se reconocería la inflación de diciembre y enero, y con los sueldos de abril se aplicaría el ajuste correspondiente a febrero y marzo.
Bonos, IPC y reclamos pendientes
Además del bono compensatorio, el Ejecutivo ofreció elevar el monto de Indumentaria a $250.000, también en dos pagos de $125.000 previstos para abril y mayo. A esto se suma una suba de la Ayuda Escolar, que pasaría a $80.000 por hijo y se abonaría con los salarios de febrero. El Gobierno presentó este paquete como una propuesta integral que combina recomposición parcial y actualización inflacionaria.
Desde ATE confirmaron que la oferta será analizada este viernes en un plenario de secretarios generales y delegados de las 13 seccionales de la provincia. El gremio valoró como un dato político relevante el cambio de criterio para discutir salarios, al dejar de lado exclusivamente los ingresos provinciales y tomar como referencia la inflación. Sin embargo, aclararon que la definición final dependerá del mandato de las bases.
En paralelo, ATE planteó una agenda de reclamos que excede lo estrictamente salarial. Entre los pedidos figuran la apertura de una mesa específica para recategorizaciones, el pase a planta permanente de trabajadores no regularizados y una revisión de las asignaciones familiares, temas que no quedaron incluidos en la oferta presentada.
UPCN rechazó la propuesta y endurece su postura
La Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) rechazó de manera unánime la propuesta del Ejecutivo. El sindicato cuestionó especialmente el carácter no remunerativo del bono de $250.000 y exigió que cualquier suma otorgada se incorpore al salario básico y sea tomada como base para futuros aumentos. Según plantearon, los pagos por única vez terminan licuándose y no resuelven el deterioro del poder adquisitivo.
Desde la conducción gremial también advirtieron que no aceptarán acuerdos parciales ni entendimientos cerrados con otros sindicatos sin consenso general. La postura anticipa un escenario de negociación tenso, con posiciones claramente diferenciadas entre las organizaciones sindicales que representan a los trabajadores estatales.
Con la paritaria aún abierta y definiciones clave previstas para los próximos días, el conflicto salarial en Río Negro sigue en desarrollo. La respuesta de ATE y la firme negativa de UPCN marcan que la discusión está lejos de cerrarse y que el Gobierno deberá enfrentar un escenario complejo para alcanzar un acuerdo que garantice previsibilidad y contención social en el inicio del año.
