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El Gobierno de Paraguay anunció que enviará al Congreso un proyecto de ley para asumir temporalmente la administración de empresas vinculadas a Ueno Bank, después de la crisis financiera que derivó en la disolución de la entidad bancaria. La iniciativa, impulsada por el presidente Pedro Alliana, busca evitar el cierre de compañías, proteger los puestos de trabajo y garantizar la continuidad de las operaciones comerciales mientras avanzan las investigaciones y los procedimientos de resolución financiera.
La propuesta contempla establecer un régimen excepcional de administración durante un máximo de ocho meses, período en el que profesionales independientes podrían hacerse cargo de las sociedades alcanzadas. Para ello, se prevé apartar temporalmente a directores, gerentes y apoderados generales, quienes deberán entregar la documentación y los bienes necesarios para garantizar el funcionamiento de las empresas.
El asesor jurídico de la Presidencia, Eduardo González, explicó que el mecanismo estará dirigido exclusivamente a sociedades que mantengan vínculos societarios o de control con entidades financieras sometidas a procesos de resolución. La medida no alcanzará automáticamente a todas las empresas que hayan mantenido relaciones comerciales con Ueno Bank, ya que las autoridades deberán aplicar criterios específicos para determinar cuáles corresponden al régimen propuesto.
Uno de los principales objetivos del proyecto será garantizar la continuidad de los contratos laborales, el pago de salarios y los aportes previsionales, además de impedir que las compañías pierdan capacidad operativa durante la crisis. El Gobierno considera que la administración temporal podría preservar actividades económicas que siguen funcionando, pero que enfrentan dificultades por sus vínculos con la entidad financiera disuelta.
La iniciativa también establece restricciones para vender o transferir determinados bienes, distribuir dividendos, pagar créditos a accionistas y realizar movimientos de fondos ajenos a las operaciones habituales de las empresas. Las eventuales ventas de activos deberán contar con tasaciones independientes y procedimientos públicos, mientras los administradores estarán obligados a informar periódicamente sobre las decisiones adoptadas.
El proyecto contempla la creación de un Consejo de Supervisión de Sociedades Vinculadas, integrado por representantes de la Presidencia, distintos ministerios y el Banco Central del Paraguay. Este organismo tendrá funciones de seguimiento y coordinación, sin reemplazar las atribuciones de las autoridades financieras ni de las instituciones encargadas de administrar bienes incautados.
La crisis de Ueno Bank también es investigada por la Justicia paraguaya, que identificó decenas de empresas y personas presuntamente relacionadas con las operaciones bajo análisis. El Ministerio Público informó que las actuaciones incluyen investigaciones patrimoniales, medidas de aseguramiento de bienes y diligencias destinadas a determinar responsabilidades, mientras el Gobierno aclaró que la eventual administración temporal no implicará que el Estado asuma las deudas de las compañías.
La propuesta todavía necesita tratamiento y aprobación legislativa para entrar en vigencia, por lo que las empresas vinculadas al banco no han pasado automáticamente a estar administradas por el Gobierno. Su implementación dependerá de la aprobación del Congreso y de la identificación de las sociedades que cumplan los requisitos establecidos por el régimen excepcional.
