Todas las reformas anunciadas apuntan a tener un país más competitivo con capacidad de generar trabajo de buena calidad.
En su discurso de apertura de sesiones el presidente Javier Milei instó a los gobernadores, es decir sólo a las fuerzas políticas con representación significativa, a firmar un acuerdo para sentar las bases de las políticas de Estado que sacarán a la Argentina de su espiral descendente y llevarla a un camino de crecimiento. Los diez puntos propuestos para el Pacto de Mayo son:
Inviolabilidad de la propiedad privada
A priori, podría pensarse que este principio se cumple en Argentina pero no es así cuando el Estado cambia las reglas de juego constantemente o, aunque cumpliendo formalmente con la ley, aumenta impuestos o los cobra sobre ganancias ficticias producto de la inflación.
Este principio es clave para que exista la inversión y, por ende, el empleo de mayor productividad y el crecimiento de la economía. Es correcto que sea el número uno.
Equilibrio fiscal innegociable
La falta de equilibrio fiscal ha llevado a los gobiernos a incumplir el punto anterior ya sea explícita o implícitamente a través de la emisión descontrolada y el impuesto inflacionario. Además, la falta de una moneda sólida producto de los déficits también redunda en menor inversión y crecimiento.
Reducción del gasto público al 25% del PBI
El equilibrio fiscal no alcanza para tener una economía sana si es a costa de una presión impositiva asfixiante que hace imposible el riesgo empresario. Este objetivo es muy audaz pero también imprescindible para ir hacia una senda de crecimiento económico.
Política tributaria que reduzca la presión impositiva
Como consecuencia del punto anterior se podrá bajar la presión impositiva. Al hacer más rentable la inversión achicando la participación del “socio” Estado, se multiplicarán los proyectos rentables con el consecuente crecimiento del empleo registrado. Este punto no debe circunscribirse a la reducción de alícuotas, sino que, además, debe repensarse todo el esquema impositivo para simplificarlo y eliminar impuestos que generan incentivos perjudiciales. Por ejemplo, el impuesto a los ingresos brutos sumado al impuesto al cheque son un gran obstáculo a las pequeñas empresas independientes que deben sumar a sus costos aproximadamente un 5% de las ventas que van al Estado.
Estos cuatro primeros puntos giran alrededor del mismo objetivo. El aumento de la inversión, con su consecuente aumento en el trabajo de alta productividad, vía la menor participación del Estado en la economía.
Rediseñar la coparticipación federal de impuestos
El mecanismo de coparticipación actual, además de generar desequilibrios donde unas provincias subsidian a otras, genera un incentivo a las provincias subsidiadas a no preocuparse por su recaudación y vivir a expensas del flujo de la coparticipación. Por el esquema constitucional este es uno de los objetivos más difíciles de lograr, pero se debe apuntar a trasladar facultades impositivas a las provincias para que cada gobernador sea responsable por lo que recauda. Una consecuencia beneficiosa será que deberán implementar políticas para que el desarrollo de cada provincia sea y vea como un objetivo necesario a fin de que pueda generar ingresos propios. Con el sistema vigente, uno de los trabajos principales de los gobernadores es viajar a Buenos Aires a pedirle plata al presidente en vez de diagramar políticas que generen trabajo productivo en su provincia.
Un compromiso de las provincias de avanzar en la explotación de los recursos naturales
La explotación de los recursos naturales depende de las provincias. Existen algunas que prohíben hacerlo bajo pretextos ambientales. Es una excusa sin fundamento. Esto ya fue superado en todos los países desarrollados donde se logran ambos objetivos, cuidar el medio ambiente y aprovechar los recursos. Por otra parte, por la coparticipación, estas provincias “amigas del medio ambiente” viven del dinero generado por las explotaciones mineras de otras provincias. Absurdo.
Una reforma laboral moderna que promueva el trabajo formal
El único trabajo que creció en los últimos años fue el informal. El trabajo formal tiene tal cantidad de costos y obstáculos que no tiene posibilidades de generar nuevos empleos rentables. Por otra parte, las empresas formales, al tener una mayor inversión, logran una mayor productividad de la mano de obra. Es urgente levantar trabas y dar mayor flexibilidad al trabajo. Es la única manera de mejorar los salarios.
Reforma previsional que dé sustentabilidad al sistema, respete a quienes aportaron y permita, a quienes prefieran, suscribirse a un sistema privado de jubilación
Cuando se crearon los sistemas jubilatorios la gente vivía menos. Hasta este momento, la esperanza de vida creció unos diez años y no se modificó la edad jubilatoria. Por otra parte, las familias tienen muchos menos hijos. Como consecuencia el sistema está quebrado. Sin cambiar la edad jubilatoria no tiene solución. Tampoco tiene sentido alguno la diferencia en la edad jubilatoria entre hombres y mujeres, cuya esperanza de vida es, por si no fuera suficiente el igual trato, mayor.
Reforma política estructural
Es el primer punto del listado sin implicancias económicas directas. La única esbozada en el discurso fue la eliminación de la obligación del estado a sostener los partidos políticos. Una medida anti casta en su máxima expresión. Veremos si logra ser aprobada.
Otra medida incluida en la retirada Ley Ómnibus fue la eliminación de las listas sábana debido a que esconde a candidatos impresentables en los puestos bajos de la misma. Este sistema es un problema en las provincias grandes, pero no en las pequeñas. La elección uninominal por circunscripciones polariza las elecciones y transforma las elecciones en una cuesta muy empinada para las terceras fuerzas. Habría que refinar el sistema en las provincias grandes para que contemple esto y se logre una representación más acorde con lo votado.
Apertura al comercio internacional
Una vuelta a los temas económicos. Las empresas argentinas, salvo aquellas en industrias con clara ventaja competitiva, no pueden competir con las extranjeras por la alta carga impositiva, las marañas regulatorias y los costos asociados al empleo. Una vez implementados los ocho primeros puntos, podrán salir a exportar y conquistar el mercado mundial y el consumidor local se verá favorecido por menores precios y una oferta más variada de las importaciones que lleguen.
En conclusión, todas las reformas apuntan a tener un país más competitivo con capacidad de generar trabajo de buena calidad para todos los que lo deseen. Las contras para los políticos que prefieren el status quo se encuentran en la baja del gasto público, la reducción de impuestos y la solución del nudo gordiano de la coparticipación. Como es tan evidente que la situación actual es mala para la gente, esperemos que la presión social se transforme en una corriente lo suficientemente fuerte como para arrastrar también las piedras que están en el camino.
Fuente Infobae (Por Manuel Solanet (h))