Familias de Bariloche denunciaron dificultades para acceder a prestaciones médicas luego del cambio de cobertura de los afiliados de las Fuerzas Armadas y de Seguridad. Los reclamos apuntan a demoras en autorizaciones, suspensión de turnos y falta de respuestas para pacientes con enfermedades crónicas que requieren controles y tratamientos permanentes.
Los casos fueron planteados por familiares de pacientes con distintas patologías, quienes aseguran que la transición entre coberturas derivó en interrupciones que afectan la continuidad de la atención médica.
Entre los reclamos se encuentra el de Patricia Puelman, madre de una adolescente de 15 años con enfermedad de Crohn, quien señaló que la situación generó incertidumbre respecto de estudios y consultas programadas con especialistas.
“Los recortes y cortes en las prestaciones de salud están dejando a pacientes crónicos en una situación de vulnerabilidad”, expresó la mujer, quien indicó que la familia recurrió a la Justicia para solicitar que se garantice la cobertura integral.
El conflicto se originó tras la modificación del sistema de cobertura para afiliados de las fuerzas nacionales. En diciembre, el Gobierno nacional anunció la disolución del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (Iosfa), mientras que posteriormente se informó el traspaso de los afiliados de las fuerzas de seguridad a la empresa Medicus.
Desde los organismos nacionales habían señalado que el proceso se realizaría sin interrupción de prestaciones. Sin embargo, familias de Bariloche sostienen que comenzaron a registrarse inconvenientes con algunos prestadores médicos.
Los reclamos apuntan principalmente a la falta de autorizaciones, reintegros pendientes y dificultades para mantener tratamientos con especialistas que ya conocen la historia clínica de los pacientes.
Otra familia denunció problemas para acceder a estudios solicitados para un adolescente con colitis ulcerosa. Según relataron, tuvieron dificultades para obtener la cobertura de análisis clínicos considerados necesarios para definir el tratamiento.
También se plantearon inconvenientes vinculados a terapias y prestaciones para personas con discapacidad, como la continuidad de acompañamientos y servicios asociados al Certificado Único de Discapacidad.
Ante estas situaciones, algunas familias presentaron recursos de amparo con el objetivo de que se garantice la cobertura médica y la continuidad de tratamientos.
Los padres remarcaron que la discusión administrativa entre obras sociales, prestadores y empresas de cobertura no debería afectar a los pacientes que necesitan atención permanente.
“Pagamos una cobertura médica y no podemos quedar en medio de un conflicto entre instituciones”, plantearon las familias, que pidieron respuestas para evitar la interrupción de estudios, controles y tratamientos.
