A trece años de la estatización de YPF, el debate sobre su impacto en el desarrollo de Vaca Muerta vuelve al centro de la escena. La provincia de Neuquén, principal beneficiaria del yacimiento, es también protagonista de una controversia que mezcla política, geología, inversiones y litigios internacionales.
La expropiación del 51% de YPF en 2012, impulsada por el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, sigue generando efectos profundos en la política energética argentina y especialmente en la provincia de Neuquén, epicentro del desarrollo no convencional de hidrocarburos. A trece años de aquella decisión, la controversia se reactiva tras el reciente fallo de la jueza Loretta Preska en EE.UU., que condenó al Estado argentino a pagar USD 16.000 millones por irregularidades en el proceso.
Para Pablo González, expresidente de la petrolera estatal y exvicegobernador de Santa Cruz, “sin esa expropiación no se hubiera podido desarrollar Vaca Muerta”. En cambio, para otros especialistas en energía y juristas vinculados al sector, esa afirmación no tiene sustento técnico. “El problema no era la propiedad, sino la política energética, la falta de incentivos y los controles de precios”, advierte el ingeniero Roberto Carnicer, director del Instituto de Energía de la Universidad Austral.
Neuquén fue y es la columna vertebral del boom de Vaca Muerta. Allí se produce más de la mitad del petróleo y el gas del país. Desde Añelo, el corazón de la formación, partieron los primeros pozos horizontales tras el acuerdo con Chevron en 2013, impulsado por la nueva conducción de YPF. Ese entendimiento, junto a las alianzas con Dow, Petronas y otras operadoras, habilitó una etapa de crecimiento que transformó el mapa energético argentino.
Sin embargo, los caminos alternativos que se podrían haber tomado también están en debate. Para expertos como Daniel Montamat, exsecretario de Energía, “con condiciones adecuadas de precios, reglas claras y acceso al financiamiento, cualquier empresa —incluso Repsol— hubiera podido desarrollar Vaca Muerta antes de 2012”.
A diferencia de Estados Unidos, donde el desarrollo del shale fue liderado por compañías privadas, en Argentina la inversión pública tomó el protagonismo en la primera etapa del proceso. Pero fue a costa de un endeudamiento acelerado: la deuda de YPF se disparó de USD 3.400 millones en 2012 a más de USD 8.100 millones en 2015.
Desde Neuquén, las autoridades provinciales reivindican la autonomía en la gestión de los recursos naturales, pero advierten que las decisiones nacionales sobre YPF siempre impactan en la provincia. Rolando Figueroa, actual gobernador, insiste en que “sin un marco de equidad en la distribución de la renta petrolera, no hay federalismo real”. La tensión entre Nación y provincias, en ese sentido, también se expresa en los litigios internacionales que hoy amenazan el capital accionario de YPF.
El debate sobre si fue necesaria o no la expropiación para explotar Vaca Muerta puede no tener una respuesta definitiva, pero sirve como radiografía de los dilemas que enfrenta el país: cómo atraer inversiones, quién debe controlar los recursos y qué modelo de desarrollo se quiere consolidar.
Mientras tanto, Neuquén sigue perforando y exportando. Con expropiación o sin ella, Vaca Muerta ya no es una promesa: es una realidad que late bajo tierra, entre tensiones políticas, deuda acumulada y una renta en disputa.
