El Gobierno nacional avanza con un decreto para disolver la Dirección Nacional de Vialidad. La medida encendió alarmas en la Patagonia, donde peligran más de 300 puestos de trabajo y el mantenimiento de rutas estratégicas como la 22 y la 40. Sindicatos y exfuncionarios advierten sobre una “privatización encubierta”.
El posible cierre de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), impulsado por el gobierno de Javier Milei en el marco de su política de ajuste y reducción del Estado, genera fuerte preocupación en las provincias de Río Negro y Neuquén. El decreto, que podría oficializarse esta semana antes del vencimiento de las facultades delegadas al Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, plantea una reestructuración total del organismo y la transferencia de sus funciones al Ministerio de Economía.
En la región patagónica, donde el clima y la geografía demandan una fuerte presencia del Estado para mantener la conectividad, la noticia cayó como un balde de agua fría. Entre ambas provincias, más de 300 trabajadores quedarían sin empleo: se estiman 160 puestos afectados en Río Negro y otros 150 en Neuquén. A nivel nacional, el número superaría los 5.000.
“Es un golpe directo a la estructura vial del sur argentino. La DNV garantiza el mantenimiento de rutas fundamentales como la 22, la 40 o la 237. Su desaparición implicaría dejar a cientos de localidades a merced del abandono o la lógica del mercado”, advirtió el exlegislador rionegrino y dirigente de UTHGRA, Roberto Jorge Vargas, en un comunicado difundido este domingo.
Uno de los puntos críticos es el operativo invernal, que cada año asegura el despeje de nieve en rutas de montaña y zonas cordilleranas. Sin la estructura de Vialidad, su continuidad queda en duda. “El Estado invierte un tercio de lo que cobraría una empresa privada por los mismos trabajos. Esto es una privatización encubierta, disfrazada de eficiencia”, advirtieron desde los gremios.
En Viedma y Neuquén capital, referentes sindicales y trabajadores viales ya comenzaron a movilizarse para rechazar la medida. También se analizan acciones judiciales y legislativas para frenar la disolución del organismo.
Según trascendió, el decreto de Milei también alcanzaría a otros entes clave como la Agencia Nacional de Seguridad Vial y la Comisión Nacional de Regulación del Transporte. En su lugar, se crearían nuevas estructuras concentradas en el Ministerio de Economía, que pasaría a controlar las concesiones viales y de transporte.
“La desaparición de Vialidad no es sólo un tema administrativo. Es el desmantelamiento de una red federal que sostiene la integración territorial. En la Patagonia, donde las distancias son enormes y el clima extremo, esto puede tener consecuencias gravísimas”, remarcó un técnico de larga trayectoria en el distrito Neuquén.
En paralelo, los gobernadores patagónicos siguen de cerca el avance del decreto. Si bien aún no hubo pronunciamientos oficiales, en las próximas horas podrían sumar sus voces al reclamo para evitar un impacto que, según advierten, no solo es laboral, sino también estratégico.
