Dólar oficial $1.390 – Dólar Turista 1.807 – Dólar blue $1.410 – Dólar MEP $1.412,24 – Contado con Liqui $1.459,77 – Riesgo País 518
Alejandra Candia y su familia viven desde hace dos décadas en una casa ubicada sobre la calle Antártida Argentina, lindante con la Comisaría Tercera de Neuquén y un polideportivo. Esta semana recibieron una orden judicial que los intima a desalojar el inmueble en un plazo de 20 días hábiles. La vivienda, según les informaron, pertenece al Estado provincial.
“Mi desesperación es no saber a dónde ir con mis hijos”, dijo entre lágrimas Candia, quien comparte el hogar con su esposo —diabético y desocupado desde hace dos años—, su hijo de 14 años que padece esquizofrenia y sus dos nietas, de 7 y 12 años. Estas últimas son hijas de su hijo mayor, que también perdió su trabajo y hoy intenta levantar su casa en un terreno tomado junto a su pareja.
La mujer relató que en 2004 accedió a la vivienda de forma regular: “Entré por la puerta y con llave. Me la alquiló un comisario”, explicó. Sin embargo, con el paso del tiempo descubrió que había sido víctima de una estafa. El inmueble era una casa institucional perteneciente a la Policía de Neuquén y nunca estuvo habilitado para alquiler. “Pagué dos años de alquiler trucho”, denunció.
Según su testimonio, en una oportunidad se dirigió a la Jefatura de Policía, donde le indicaron que dejara de pagar y que intercederían por ella ante el Gobierno provincial. También denunció que el comisario que le alquiló la casa intentó encubrir la maniobra haciéndola pasar por su esposa. “Fue una mentira y una lucha larga. Ya son 20 años viviendo acá”, remarcó.
Candia es enfermera en una clínica privada y única fuente de ingreso en el hogar. Desde 2013, además, paga cuotas por un terreno a una cooperativa del MTD, aunque aún no está en condiciones de mudarse. “No puedo salir a cortar calles, tengo que trabajar”, dijo con resignación.
La orden judicial fue emitida por la Oficina Procesal Administrativa I, que exhortó a que el desalojo se produzca de manera pacífica y ordenada, teniendo en cuenta la presencia de menores en la vivienda. No obstante, advierte que, de no concretarse la salida voluntaria, se procederá al desalojo forzoso.
Candia pidió una prórroga o alguna alternativa habitacional. Asegura haber acudido al Ministerio Público Fiscal y a diferentes organismos estatales en busca de una solución. “Anduve por todos lados pidiendo ayuda. No sé qué va a pasar con nosotros”, concluyó.
