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Durante diciembre, se concretaron tres despidos de trabajadores estatales, incluyendo un caso donde se exigirá la devolución de los salarios cobrados indebidamente. Además, uno de los despidos estuvo relacionado con un grave episodio de acoso sexual en el ámbito hospitalario.
Uno de los cesanteados, Roberto Walter González, pertenecía al Registro Civil y Capacidad de las Personas. Según el expediente, González no se presentó a trabajar entre septiembre y octubre de 2022, ni durante el primer semestre del 2023. A pesar de ello, continuó cobrando su salario de manera habitual. Ante esta situación, el gobernador Rolando Figueroa ordenó la intervención de la Fiscalía de Estado para recuperar los haberes abonados, argumentando un posible enriquecimiento sin causa.
Otro despido relevante tuvo lugar en el Hospital San Martín de los Andes, donde Ramón Segundo Meza fue cesanteado tras ser acusado de acoso sexual. Según la denuncia, Meza fue sorprendido intentando espiar a una compañera mientras se duchaba en un baño exclusivo para mujeres. El sumario administrativo concluyó que el relato de la víctima era creíble y verosímil, lo que llevó a la sanción disciplinaria. Meza trabajaba como auxiliar de atención al público.
El caso más severo involucró a Rodrigo Durán, quien fue exonerado del servicio público mediante el decreto 1776/2024. La exoneración es la pena más grave en el régimen disciplinario de la provincia, ya que no solo implica el apartamiento del cargo, sino que también prohíbe al afectado volver a integrar la Administración Pública Provincial. No se divulgaron los detalles sobre las causas de esta sanción.
La gestión de Rolando Figueroa ha enfatizado la importancia de garantizar la transparencia y la disciplina en el sector público. Estas medidas reflejan un enfoque riguroso para erradicar comportamientos inadecuados y sancionar a quienes incumplen con sus obligaciones laborales.
Estos casos también ponen de relieve la necesidad de fortalecer los mecanismos de control interno y de capacitación para prevenir situaciones de acoso y negligencia laboral en los organismos estatales. El desafío para el gobierno será garantizar que estas sanciones sirvan como ejemplo y contribuyan a mejorar el desempeño y la integridad de la administración pública.
