El huracán Isaías golpeó Florida y Alabama: más de 600 mil usuarios sin luz y emergencia federal
El huracán Isaías golpeó Florida y Alabama: más de 600 mil usuarios sin luz y emergencia federal
El Gobierno de Neuquén avanza con una reforma de la legislación minera provincial que busca reemplazar una normativa vigente desde 1975. Entre los principales cambios que se analizan aparecen la simplificación de los trámites administrativos, la revisión de los plazos para la caducidad de derechos mineros y nuevas reglas para compatibilizar la actividad minera con la explotación de petróleo y gas.
La iniciativa fue debatida durante una reunión realizada en el Museo Provincial de Ciencias Naturales Juan A. Olsacher, de Zapala, con la participación de productores, apoderados mineros y funcionarios provinciales.
El proyecto propone actualizar la Ley provincial 902/75, que regula los procedimientos mineros en Neuquén desde hace más de cinco décadas.
Según informó el Ministerio de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales, el objetivo es establecer mecanismos administrativos más claros y reducir los tiempos de tramitación, manteniendo los controles legales, técnicos y ambientales.
La propuesta se encuentra actualmente en tratamiento en la Legislatura provincial y todavía no constituye una modificación vigente de la normativa.
Uno de los aspectos más relevantes de la reforma es la relación entre los proyectos mineros y las explotaciones hidrocarburíferas.
En Neuquén, ambas actividades pueden desarrollarse sobre sectores de un mismo territorio, lo que plantea situaciones de superposición entre concesiones, permisos, servidumbres e instalaciones.
Durante la reunión se analizaron criterios para determinar qué superficies se encuentran efectivamente ocupadas por cada actividad y cómo deben intervenir los organismos responsables.
El objetivo es mejorar la coordinación administrativa y establecer procedimientos que permitan compatibilizar los distintos usos del territorio.
La discusión adquiere particular importancia en una provincia donde la expansión de Vaca Muerta incrementa la demanda de infraestructura y materiales vinculados con la actividad petrolera.
Sin embargo, el Gobierno no precisó qué disposiciones concretas incorporará el proyecto para resolver eventuales conflictos entre titulares de derechos mineros y operadores hidrocarburíferos.
Otro de los temas abordados fue el régimen de caducidad de los derechos de propiedad minera.
La caducidad implica la pérdida de determinados derechos cuando se configuran las condiciones previstas por la legislación.
En la reunión se compararon los plazos establecidos en la Ley 902/75 con las modificaciones propuestas en el nuevo Código de Procedimientos Mineros.
La intención oficial es definir procedimientos más claros y previsibles para productores, titulares de derechos y representantes legales.
No obstante, la información difundida no especifica cuáles serían los nuevos plazos ni las condiciones exactas que se modificarían.
Esos aspectos deberán conocerse a partir del texto definitivo que avance en la Legislatura.
La reforma también contempla cambios en los procedimientos que deben realizar las empresas y productores ante la autoridad minera provincial.
Actualmente, las solicitudes y actuaciones administrativas se rigen por una legislación sancionada en 1975.
Durante el encuentro, los participantes analizaron alternativas para agilizar los expedientes y mejorar la coordinación entre organismos públicos.
La propuesta apunta a reducir demoras y brindar mayor previsibilidad a quienes desarrollan proyectos productivos.
Según el Gobierno, estas modificaciones deberán implementarse sin eliminar las instancias de control técnico, legal y ambiental.
También se discutieron las dimensiones previstas para las canteras y su adecuación a las características de los emprendimientos y de las zonas donde se desarrolla la actividad.
La ministra de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales, Leticia Esteves, sostuvo que la actualización responde a la necesidad de adaptar la legislación a las condiciones actuales de la actividad minera.
“Neuquén necesita dejar atrás una normativa pensada hace más de cinco décadas y contar con una herramienta moderna, clara y adecuada a los desafíos actuales”, expresó.
La funcionaria aseguró que el proyecto incorpora aportes de representantes del sector y que la reunión permitió explicar los principales cambios que se encuentran en discusión legislativa.
También adelantó que el Gobierno prevé avanzar con una revisión de la normativa ambiental vinculada con la minería.
“Queremos una minería que genere trabajo y oportunidades para los neuquinos, con seguridad jurídica, controles eficientes y un compromiso irrenunciable con el cuidado del ambiente”, señaló.
La ministra indicó que se realizará un proceso similar de actualización de las disposiciones ambientales, aunque no se difundieron fechas ni detalles del contenido de esa futura propuesta.
La reunión contó con la participación del secretario de Ambiente y Recursos Naturales, Hipólito Salvatori; el director provincial de Minería, Carlos Portilla; asesores legales y representantes de la actividad minera.
Durante la jornada, el abogado Elías Salazar presentó una comparación entre la legislación vigente y el proyecto de reforma.
Los participantes analizaron aspectos relacionados con la administración de derechos, las tramitaciones y las condiciones en las que se desarrolla la actividad.
Según informó la Provincia, los aportes recogidos serán considerados durante la revisión del proyecto antes de avanzar con su redacción definitiva.
La Dirección Provincial de Minería es el organismo encargado de la administración, promoción, fiscalización y control de la actividad en territorio neuquino.
La actualización del Código de Procedimientos Mineros forma parte de una revisión más amplia del marco administrativo de la actividad en Neuquén.
El proyecto pretende reemplazar la Ley 902/75 mediante una regulación que ordene los procedimientos institucionales, técnicos y administrativos.
Entre las cuestiones pendientes se encuentran la definición precisa de los nuevos plazos, los mecanismos para resolver superposiciones territoriales y las disposiciones aplicables a las canteras.
La reforma todavía debe completar su tratamiento legislativo antes de entrar en vigencia.
Mientras tanto, el Gobierno provincial continuará con las instancias de intercambio con representantes del sector para incorporar observaciones al texto en discusión.
