Con la llegada de María Tettamanti a la Secretaría de Energía, el gobierno se prepara para eliminar la segmentación actual de tarifas y dejar solo un subsidio destinado a los hogares más vulnerables. Esta medida promete un fuerte impacto, especialmente en la clase media.
El gobierno nacional, en su esfuerzo por reducir el déficit fiscal, anunció una revisión profunda en los subsidios a la energía, avanzando hacia un esquema más restrictivo en las tarifas de gas y electricidad. Este cambio, que ahora lidera María Tettamanti desde la Secretaría de Energía, plantea la eliminación de la segmentación actual para implantar un único subsidio, dirigido únicamente a los sectores de menores ingresos. Esta transformación, aunque sigue los pasos de la llamada “Canasta Básica Energética” lanzada a medias por el exsecretario Eduardo Rodríguez Chirillo, adopta un enfoque más ajustado y con mayores restricciones.
La propuesta que había dejado el exfuncionario preveía un sistema progresivo, basado en el cálculo de un consumo ideal según la región y las condiciones económicas de cada hogar. Aunque este esquema buscaba una cobertura más precisa y eficiente, el desafío operativo de coordinar datos entre múltiples distribuidoras y cooperativas energéticas, así como la falta de infraestructura de información, hizo que el sistema no llegara a aplicarse por completo. En su lugar, ahora el gobierno opta por una tarifa social simplificada, similar a la que se implementó en gestiones anteriores, donde solo los hogares con ingresos bajo el umbral de dos Canastas Básicas Totales serán beneficiados.
Ajustes en la cobertura de subsidios y el impacto en los hogares
El nuevo plan representa una importante reducción en la cobertura de subsidios. Hasta ahora, el sistema de segmentación diferenciaba tres niveles de usuarios: los de bajos ingresos, quienes reciben la mayor ayuda; los de ingresos medios, que acceden a un subsidio intermedio; y los de mayores ingresos, que de todas formas recibían alguna bonificación. Bajo la nueva propuesta, solo las familias en situación de vulnerabilidad recibirán un apoyo financiero directo, en lugar de un descuento porcentual en su factura, independientemente de cuánto consuman.
Este cambio se traduce en la eliminación del nivel de subsidios intermedios que cubrían a un gran porcentaje de usuarios de clase media. De acuerdo con los datos, hoy en día todos los hogares reciben algún tipo de subsidio en su tarifa energética, y aproximadamente el 70% de los usuarios del país se encuentran en alguna de las tres categorías con descuento. Sin embargo, con la eliminación del escalón intermedio, muchas familias deberán pagar la tarifa completa, lo que podría significar un incremento significativo en sus costos de servicios.
Proyección de ahorro fiscal y desafíos para la clase media
La modificación en el esquema de subsidios no solo responde a la búsqueda de eficiencia, sino que también persigue un ajuste en los gastos del Estado. Según los lineamientos del Presupuesto 2025, esta reestructuración podría reducir en unos 3.000 millones de dólares el gasto en subsidios energéticos, una suma considerable en el marco de la actual política de ajuste fiscal. Para los usuarios de clase media y alta, esto significará una transición hacia el pago del costo real de la energía, ya que el Estado dejaría de asumir el diferencial en los valores de consumo.
Para los hogares de menores recursos, que aún recibirán el subsidio directo, el desafío será ajustarse a un consumo óptimo, ya que no se prevé una ayuda ilimitada. Este sistema, además de reducir los costos del Estado, busca limitar el aumento del consumo energético, especialmente en épocas de demanda pico. Con este cambio, el gobierno aspira a aliviar la presión sobre la balanza energética y reducir la necesidad de importaciones de energía, una estrategia que se espera ayude a estabilizar el déficit.
La transición hacia esta nueva política de tarifas sociales plantea interrogantes sobre su implementación y el impacto en los hogares. Sin embargo, para el gobierno, representa un paso decidido hacia el ajuste fiscal y la sostenibilidad del sistema energético.
