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El reciente fallo judicial que eximió de responsabilidad al exsubsecretario de Ambiente de Neuquén, Juan de Dios Lucchelli, ha abierto una nueva incógnita: ¿qué ocurre con las multas que impuso en su gestión? Durante siete años en el cargo, aplicó sanciones a empresas por infracciones ambientales, pero el juez Juan Guaita determinó que no tenía autoridad de aplicación. Esto deja en el aire el destino de esos montos que las compañías ya pagaron.
El juez Guaita concluyó que Lucchelli no tenía la facultad para sancionar, ya que la autoridad de aplicación de la ley 1875 de medio ambiente recaía sobre el ministro o secretario de Estado con jerarquía ministerial. Sin embargo, en su paso por la subsecretaría, Lucchelli firmó resoluciones que impusieron importantes multas, como la de más de 30 millones de pesos a YPF en 2018 por el derrame de petróleo en Bandurria Sur.
El fallo determinó que las sanciones aplicadas por Lucchelli solo fueron válidas cuando fueron ratificadas por un ministro o el gobernador, subsanando así cualquier vicio de competencia. Sin embargo, no todas las multas pasaron por esa revisión.
Según el testimonio de funcionarias de la dirección de Legales, durante la gestión de Lucchelli:
Si las multas fueron aplicadas sin la competencia legal correspondiente, las empresas que ya las pagaron podrían reclamar la devolución de esos fondos. La gran incógnita es si estos casos prescribieron o si el pago implicó un consentimiento tácito que impediría futuras demandas.
El juicio contra Lucchelli se centró en su presunta omisión de una multa a la Cooperativa de Servicios Públicos de Plottier por el tratamiento inadecuado de transformadores con PCB. Sin embargo, el juez determinó que la responsabilidad recaía en el exministro de Ambiente, Jorge Lara, quien no podrá ser imputado penalmente porque ya declaró en la causa como testigo.
El fallo plantea interrogantes sobre la validez de las multas emitidas en su momento y sobre cómo responderá el Estado provincial si surgen reclamos de empresas que abonaron sanciones ahora cuestionadas. Mientras tanto, la polémica en torno a la gestión ambiental y el control de infracciones en Neuquén sigue abierta.