Javier Milei tiene por delante una semana clave. No solo porque el calendario lo obliga a definir si efectivamente veta las leyes que la oposición logró sancionar con fuerza en el Congreso —una actualización de las jubilaciones y la declaración de la emergencia en discapacidad—, sino porque en esa decisión se juega buena parte de la narrativa central de su gobierno: el dogma del déficit cero.
El presidente ya avisó lo que va a hacer. Pero como viene ocurriendo desde que asumió, el problema no es el anuncio, sino el día después. Vetar implica un riesgo político alto, no solo porque enfrenta a una oposición que empieza a encontrar puntos de acuerdo, sino porque también tensiona los vínculos con gobernadores que, mientras le dan la mano en público, en privado reclaman fondos con urgencia.
A la Casa Rosada no le falta convicción ideológica, pero sí músculo parlamentario. Por eso se demora la firma de los vetos: la estrategia no está clara y los votos no están asegurados. En la Cámara de Diputados, las leyes fueron aprobadas con 142 votos a favor. Revertir ese consenso implica conseguir que un tercio del Congreso se abroquele detrás del Presidente. No es imposible, pero sí cuesta arriba.
La historia reciente juega en contra de Milei. Ya usó este mecanismo para frenar un aumento a los jubilados y otro al presupuesto universitario. Hoy repite la jugada, pero en un clima más adverso: el calendario electoral, las tensiones en el oficialismo y una crisis económica que no da tregua.
La paradoja es que el gobierno que se proclama como el único dispuesto a decir la verdad, apela ahora a una ingeniería política opaca: negociar con los gobernadores la distribución de ATN, sin montos ni criterios definidos, para conseguir respaldo a los vetos. En criollo, lo que Milei llamaba “casta” ahora se parece mucho a una negociación de supervivencia.
Mientras tanto, desde el atril de La Rural, Milei dispara con dureza: acusa de “genocidas del futuro” a quienes aprobaron las leyes sociales. El tono no sorprende, pero sí preocupa. Porque detrás de esa frase hay personas concretas: jubilados que viven con lo justo y familias que reclaman derechos básicos para personas con discapacidad.
El dilema del Presidente no es técnico, es político. ¿Puede sostener su cruzada contra el Estado sin pagar el costo social de desfinanciar áreas sensibles? ¿Hasta cuándo podrá blindarse detrás de una épica del ajuste que ya empieza a mostrar fisuras internas?
El Congreso será el escenario de esta nueva batalla. Pero también lo será la calle, las provincias y el humor social. No alcanza con repetir el mantra del déficit cero si el costo es profundizar la desigualdad. El equilibrio fiscal no puede ser una coartada para justificar la ausencia del Estado en los sectores más vulnerables.
Milei tiene seis días. Lo que decida —y cómo logre sostenerlo— será un test crucial para su liderazgo y para su idea de país. Porque vetar no es solo rechazar una ley: es también asumir las consecuencias de esa decisión.
