Dólar oficial $1.450 – Dólar Turista 1.885 – Dólar blue $1.435 – Dólar MEP $1.447,50 – Contado con Liqui $1.497,50 – Riesgo País 512 //
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Un conflicto que reaviva la disputa territorial
El caso involucra a la familia Galván, propietaria de un campo frutícola con escritura desde 1978, y a la comunidad Lof Fvta Xayen, que reclama la posesión ancestral del mismo territorio. Desde 2017, ambas partes se enfrentan en la Justicia civil por la tenencia del predio, donde además se desarrollan tareas vinculadas a la actividad hidrocarburífera.
La familia, representada por el abogado Juan Fittipaldi, presentó un escrito ante el Juzgado Civil N°2 de Neuquén en el que solicitó la exclusión definitiva de la comunidad mapuche del proceso. El argumento central es que, tras la derogación de la Ley 26.160, el grupo ya no puede actuar como parte en un juicio al no contar con personería jurídica reconocida.
Qué cambia tras la derogación de la Ley 26.160
La norma derogada había declarado la emergencia en materia de posesión y propiedad de tierras ocupadas por pueblos indígenas y suspendía los desalojos. También permitía que comunidades “en formación” participaran en procesos judiciales sin personería. Con su eliminación, solo podrán intervenir aquellas formalmente reconocidas por el Estado, con estatutos y representantes legales acreditados.
“Hoy tenemos en el expediente a alguien que no existe jurídicamente, actuando en una instancia judicial. Eso desnaturaliza el proceso”, sostuvo Fittipaldi, quien calificó a la Lof Fvta Xayen como una “autodenominada comunidad sin legitimación procesal”.
La posición de la Justicia neuquina
Según el abogado, tanto la Cámara de Apelaciones como el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Neuquén ya habían reconocido la falta de personería jurídica de la comunidad en resoluciones anteriores del mismo expediente. Con el nuevo marco legal, el planteo busca que se haga efectiva su exclusión para continuar la causa solo contra las personas físicas demandadas originalmente.
El pedido también incluye el desglose de toda presentación posterior a la derogación, lo que marcaría un precedente para otros juicios similares en la provincia, donde existen más de 50 causas activas por reclamos territoriales indígenas.
Un precedente que puede extenderse
El conflicto en Tratayén se inscribe en una región de alta tensión social y productiva, donde confluyen los intereses de comunidades mapuches, propietarios privados y empresas petroleras. La zona concentra una parte central del desarrollo de Vaca Muerta, lo que potencia el valor económico y estratégico de las tierras en disputa.
“Acá no se discute una cuestión cultural sino el derecho a la posesión. Hay propietarios legítimos y operadores que no pueden trabajar por estas irrupciones”, expresó Fittipaldi. Desde su mirada, el pedido no busca desconocer la identidad mapuche, sino “ajustar el proceso a la legalidad vigente”.
Un giro que redefine los litigios territoriales
La decisión del Gobierno nacional de dar por terminada la emergencia indígena abre un escenario de incertidumbre judicial. Sin la cobertura de la Ley 26.160, numerosas comunidades mapuches que aún gestionan su reconocimiento legal podrían quedar sin margen de actuación en los tribunales.
La resolución del Juzgado Civil N°2 en el caso Galván vs. Fvta Xayen será clave: no solo determinará el futuro del litigio en Tratayén, sino que podría transformarse en un antecedente determinante para la política judicial y territorial de Neuquén en los próximos meses.
