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La reactivación de una ruta marítima comercial entre Punta Arenas, Chile, y las Islas Malvinas abrió un nuevo capítulo en las diferencias diplomáticas entre Argentina y Chile. El servicio comenzará a operar en noviembre, en momentos en que el Gobierno de Javier Milei intensifica sus reclamos contra el Reino Unido por la explotación de hidrocarburos en el Atlántico Sur.
El buque Danstar, de bandera chilena y perteneciente a Easter Island Naviera, tiene previsto realizar su primer viaje con mercadería destinada al abastecimiento de las islas. La navegación se efectuará a través del Estrecho de Magallanes.
La iniciativa comercial coincide con las gestiones argentinas para impedir que empresas vinculadas con el desarrollo petrolero Sea Lion utilicen infraestructura y servicios logísticos de países sudamericanos.
Aunque el Gobierno chileno sostiene que la navegación está amparada por tratados internacionales, desde Argentina se insiste en la necesidad de evitar cualquier colaboración con actividades de explotación de recursos naturales en territorios cuya soberanía se encuentra en disputa.
La naviera Easter Island anunció que el Danstar restablecerá una conexión comercial regular entre Punta Arenas y las Islas Malvinas.
El servicio estará destinado al transporte de mercaderías para abastecer a la población del archipiélago.
Sin embargo, el anuncio generó inquietud por la posibilidad de que la ruta también facilite operaciones logísticas vinculadas con la actividad petrolera que promueven empresas británicas e internacionales.
En Chile, el ministro de Defensa, Fernando Barros, sostuvo que los barcos que salen del Estrecho de Magallanes tienen derecho a continuar su navegación conforme a los tratados internacionales.
“Todo barco que sale del Estrecho Magallanes, su navegación no puede ser restringida ni condicionada por nadie”, afirmó.
El funcionario también descartó que existan antecedentes que justifiquen una escolta militar del Danstar.
Por el momento, no existe un anuncio oficial del Gobierno argentino sobre una eventual interceptación de la embarcación.
La discusión sobre la ruta comercial se produce mientras Argentina cuestiona el avance del proyecto Sea Lion, destinado a desarrollar recursos petroleros en aguas próximas a las Islas Malvinas.
La iniciativa involucra a las compañías Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration.
El Gobierno argentino considera ilegítima la explotación unilateral de hidrocarburos en áreas vinculadas con la disputa de soberanía y busca impedir que las empresas obtengan apoyo logístico de países de la región.
El canciller Pablo Quirno advirtió recientemente que la posición de cada país frente a la cuestión Malvinas tendrá consecuencias sobre la profundidad de sus relaciones con Argentina.
También cuestionó a quienes contribuyan directa o indirectamente con la exploración y explotación de los recursos que reclama el país.
La controversia no se limita al transporte marítimo: incluye el uso de puertos, aeropuertos, servicios de abastecimiento y otras instalaciones necesarias para sostener proyectos de explotación petrolera en el Atlántico Sur.
El Gobierno argentino fijó un plazo que vence el lunes 12 de octubre para que el Reino Unido adopte medidas destinadas a impedir el inicio o la continuidad de actividades de explotación de hidrocarburos en la plataforma continental reclamada por Argentina.
Según la información difundida, Buenos Aires prevé avanzar con un procedimiento de arbitraje contemplado en el Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.
La eventual presentación constituiría una nueva instancia jurídica dentro de la disputa por los recursos naturales del Atlántico Sur.
El reclamo argentino se fundamenta en la posición histórica del país respecto de la soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur, así como sobre los espacios marítimos correspondientes.
El Reino Unido mantiene el control de las islas y sostiene una posición contrapuesta sobre la soberanía y el aprovechamiento de sus recursos.
Uno de los puntos más sensibles de la controversia es el marco jurídico que regula el tránsito marítimo.
El Tratado de Límites de 1881 reconoció la soberanía chilena sobre el Estrecho de Magallanes y estableció principios de libre navegación.
Posteriormente, el Tratado de Paz y Amistad de 1984 reafirmó obligaciones vinculadas con la circulación de embarcaciones.
Argentina, por su parte, cuenta con el Decreto 256/2010, que establece requisitos de autorización para determinadas navegaciones entre puertos continentales y las Islas Malvinas, así como para trayectos que atraviesen aguas jurisdiccionales argentinas con ese destino.
La aplicación de esa normativa debe considerarse junto con las obligaciones internacionales de navegación.
Especialistas en derecho marítimo consultados por Infobae señalaron que la mera navegación de un buque mercante no constituye, por sí sola, fundamento suficiente para detenerlo.
Por eso, la posibilidad de una interceptación ha sido presentada como un escenario hipotético y no como una decisión adoptada por las autoridades argentinas.
En paralelo, un grupo de legisladores nacionales envió una carta a los presidentes de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay para solicitar que sus territorios no sean utilizados como plataformas de apoyo a las empresas que operan en las áreas disputadas.
La presentación, remitida el 29 de septiembre, fue firmada por más de una docena de senadores y diputados.
Entre ellos figuran Juliana Di Tullio, Jorge Capitanich, Sergio Uñac, Agustín Rossi, Eduardo Valdés y Eduardo de Pedro.
Los legisladores invocaron las resoluciones 2065 y 31/49 de Naciones Unidas, relacionadas con la disputa de soberanía y las modificaciones unilaterales de la situación en el territorio.
El planteo apunta especialmente a impedir el uso de infraestructura portuaria y aeroportuaria para facilitar actividades de exploración o explotación de recursos naturales.
Se trata de una iniciativa parlamentaria dirigida a gobiernos extranjeros, no de una prohibición regional que ya se encuentre vigente.
El episodio se desarrolla pese a los recientes contactos diplomáticos entre los presidentes Javier Milei y José Antonio Kast.
Durante su encuentro de septiembre en Santiago, el mandatario chileno expresó respaldo al reclamo argentino de soberanía sobre las Islas Malvinas.
Sin embargo, ese acompañamiento diplomático no implica que Chile haya aceptado restringir sus vínculos comerciales con el archipiélago.
La discusión también está atravesada por declaraciones de funcionarios argentinos sobre el Estrecho de Magallanes, que provocaron cuestionamientos en Chile.
Desde ambos países surgieron expresiones destinadas a reducir la posibilidad de una escalada.
El jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas argentinas, Marcelo Dalle Nogare, destacó esta semana las relaciones de cooperación militar con Chile, especialmente en las operaciones navales del extremo sur y en la Patrulla Antártica Naval Combinada.
La primera navegación del Danstar está prevista para noviembre y permitirá observar cómo se desarrolla la conexión comercial en el actual contexto diplomático.
Por ahora, no hay una decisión argentina anunciada para impedir físicamente el tránsito del buque ni se ha confirmado que la embarcación vaya a transportar materiales destinados al proyecto Sea Lion.
La controversia combina dos cuestiones diferentes: el derecho de navegación de una embarcación comercial chilena y el rechazo argentino a las actividades petroleras impulsadas unilateralmente en el área de Malvinas.
Mientras Chile sostiene que el comercio marítimo debe desarrollarse conforme a los tratados internacionales, Argentina busca fortalecer el reclamo de soberanía e impedir que la infraestructura regional facilite la explotación de recursos en las islas.
El desarrollo de la ruta comercial y los próximos pasos del reclamo argentino contra el Reino Unido marcarán la evolución de esta nueva diferencia diplomática en el Atlántico Sur.
