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El conflicto entre Argentina y el Reino Unido por la explotación de petróleo en las Islas Malvinas ingresará en una nueva etapa la próxima semana. El lunes 12 de octubre vencerá el plazo de dos semanas que el Gobierno de Javier Milei concedió a Londres para detener las actividades vinculadas con el proyecto hidrocarburífero Sea Lion, desarrollado en la Cuenca Malvinas Norte.
Ante la falta de una solución diplomática, la Cancillería argentina prepara una presentación ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, con sede en Hamburgo, Alemania, para solicitar medidas provisionales que impidan o limiten el avance del emprendimiento.
El objetivo es conseguir una intervención judicial antes de que comiencen las perforaciones de desarrollo, previstas para 2027, y de la primera producción comercial de petróleo, proyectada para 2028.
Sin embargo, el vencimiento del ultimátum no implica una paralización automática de las actividades. Para que eso ocurra, Argentina deberá presentar formalmente su solicitud y obtener una resolución favorable del tribunal internacional.
El 28 de septiembre, el Gobierno nacional anunció que iniciaría un arbitraje internacional contra el Reino Unido por las actividades hidrocarburíferas desarrolladas en aguas vinculadas con las Islas Malvinas.
La decisión fue comunicada por la Oficina del Presidente y quedó bajo la responsabilidad del canciller Pablo Quirno.
En ese momento, Argentina notificó a Londres que disponía de dos semanas para adoptar medidas destinadas a impedir el avance de Sea Lion.
El plazo concluirá el próximo lunes y, de mantenerse la situación, la administración nacional avanzará con una solicitud de medidas provisionales ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar.
La presentación todavía no tiene una fecha confirmada.
El procedimiento exige que Argentina fundamente la urgencia de su reclamo y demuestre que la continuidad de las actividades podría afectar derechos que se encuentran bajo controversia.
Si el pedido se formaliza durante octubre, una primera resolución podría conocerse en noviembre, aunque no existe un plazo automático que garantice esa fecha.
Sea Lion es un desarrollo hidrocarburífero ubicado aproximadamente a 220 kilómetros al norte de las Islas Malvinas.
El emprendimiento está a cargo de Navitas Petroleum, de Israel, que posee el 65% de participación y ejerce el control operativo, y de Rockhopper Exploration, del Reino Unido, que conserva el 35%.
El yacimiento fue descubierto en 2010 y, desde entonces, atravesó distintas etapas de evaluación y planificación.
A fines de 2025, las compañías adoptaron la decisión final de inversión para avanzar con la primera fase del desarrollo.
El proyecto contempla inicialmente once pozos submarinos y una unidad flotante de producción, almacenamiento y descarga de petróleo, conocida como FPSO.
Las dos primeras etapas utilizarían la unidad Aoka Mizu, con una capacidad prevista de aproximadamente 55.000 barriles diarios.
La primera producción comercial está proyectada para el primer trimestre de 2028.
Además, las empresas impulsan una ampliación mediante una segunda unidad flotante.
El 7 de octubre, Rockhopper informó un acuerdo para invertir 44 millones de dólares en la adquisición de su participación en la sociedad propietaria de la unidad FPSO OSX-1.
Ese movimiento se suma a los 200 millones de dólares obtenidos por la compañía en septiembre para financiar inversiones vinculadas con el desarrollo.
La estrategia del Gobierno se apoya en el reclamo histórico de soberanía argentina sobre las Islas Malvinas y en las disposiciones de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.
Uno de los fundamentos es la Resolución 2065 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, aprobada en 1965, que reconoció la existencia de una disputa de soberanía entre Argentina y el Reino Unido e instó a ambos países a negociar una solución.
También se invoca la Resolución 31/49, de 1976, que llamó a las partes a abstenerse de adoptar decisiones unilaterales que modificaran la situación mientras continuara pendiente la controversia.
Desde la posición argentina, el avance de un proyecto de explotación petrolera en la zona constituye una medida unilateral que podría afectar los derechos en discusión.
La Cancillería también buscará incorporar argumentos relacionados con la protección del medio marino y el carácter no renovable de los hidrocarburos.
El planteo sostiene que, una vez extraído el petróleo, ese recurso no puede ser restituido, por lo que la continuidad de las operaciones podría generar consecuencias difíciles de revertir.
El mecanismo elegido por Argentina contempla un arbitraje internacional y, de manera paralela, la posibilidad de solicitar medidas provisionales mientras se constituye el tribunal que analizará el fondo de la controversia.
El Tribunal Internacional del Derecho del Mar puede intervenir en situaciones urgentes si considera que existe una base suficiente de competencia y que las circunstancias justifican adoptar medidas de protección.
Entre las posibles decisiones se encuentra la imposición de restricciones a nuevas actividades, la adopción de medidas para preservar los derechos de las partes o el rechazo del pedido argentino.
Una resolución favorable podría establecer limitaciones sobre el desarrollo petrolero, pero no resolvería definitivamente la disputa de soberanía.
Esa diferencia es central porque el Tribunal del Mar no tiene competencia general para determinar a qué país pertenecen las Islas Malvinas.
Su intervención se limita a las controversias comprendidas dentro de la Convención sobre el Derecho del Mar.
Por esa razón, uno de los principales desafíos jurídicos para Argentina será presentar el conflicto como una cuestión vinculada con derechos y obligaciones marítimos, sin requerir que el tribunal resuelva previamente la soberanía territorial.
El Gobierno argentino considera relevante el antecedente de la Fragata ARA Libertad, retenida en Ghana durante 2012 por una acción vinculada con acreedores de la deuda pública.
En aquella oportunidad, Argentina recurrió al Tribunal Internacional del Derecho del Mar para solicitar medidas provisionales.
La presentación se realizó el 14 de noviembre de 2012 y, después de las audiencias correspondientes, el tribunal ordenó el 15 de diciembre la liberación inmediata del buque.
La decisión permitió resolver la situación urgente sin esperar el resultado del arbitraje de fondo.
No obstante, existen diferencias jurídicas importantes entre ambos casos.
La controversia de la Fragata Libertad estaba relacionada con la inmunidad de un buque de guerra, mientras que el conflicto actual involucra la explotación de recursos naturales en una zona atravesada por una disputa de soberanía.
Otro antecedente es el litigio entre Costa de Marfil y Ghana, en el que un tribunal internacional dispuso restricciones a nuevas perforaciones petroleras mientras se resolvía una controversia marítima.
El reclamo argentino también comenzó a generar efectos sobre algunas contrataciones vinculadas con Sea Lion.
El 2 de octubre, la Oficina del Presidente informó que Halliburton había ratificado que ninguna de sus filiales prestaría servicios al emprendimiento.
Posteriormente, Navitas Petroleum reconoció que las actuaciones argentinas habían afectado determinadas contrataciones y que la compañía trabajaba para reemplazar a dos contratistas.
Pese a esas dificultades, la empresa israelí sostuvo que mantiene sus planes de desarrollo y que cuenta con el respaldo del Gobierno británico y de las autoridades de las islas.
También señaló que, con la información disponible, no esperaba que esas situaciones provocaran un impacto material adverso sobre el proyecto.
La próxima instancia dependerá de la presentación que realice la Cancillería argentina después del vencimiento del plazo concedido al Reino Unido.
El Gobierno deberá completar los requisitos procesales y fundamentar por qué considera necesaria una intervención urgente.
Si la solicitud se presenta durante octubre, los antecedentes del Tribunal Internacional del Derecho del Mar permiten contemplar la posibilidad de una primera decisión durante noviembre.
Sin embargo, el resultado permanece abierto.
Argentina buscará impedir que Sea Lion avance hacia la extracción de petróleo mientras continúa la controversia internacional, pero la eventual suspensión de actividades dependerá de una decisión judicial que todavía no fue solicitada formalmente ni concedida.
Con información de Infobae
