Dólar oficial $1.570 – Dólar Turista $2.041 – Dólar blue $1.555 – Dólar MEP $1.580,17 – Contado con Liqui $1.679,15 – Riesgo País 859
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La Argentina presentó este martes ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM), en Hamburgo, Alemania, los fundamentos jurídicos de su pedido para suspender la explotación petrolera británica en las Islas Malvinas. La exposición se concentró en tres argumentos: la disputa de soberanía, el carácter no renovable de los hidrocarburos y los posibles daños ambientales derivados de la actividad.
El planteo busca impedir que avance el proyecto Sea Lion, impulsado por las compañías Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration en la Cuenca Malvinas Norte, mientras se desarrolla el procedimiento arbitral internacional.
La delegación argentina sostuvo que permitir la extracción de petróleo antes de que se resuelva la controversia podría generar consecuencias imposibles de revertir, incluso si posteriormente una decisión judicial reconociera los derechos reclamados por el país.
El embajador Mario Oyarzábal, consejero legal de la Cancillería y representante argentino ante el Tribunal, sintetizó esa posición durante la audiencia: “Lo que está en juego no puede ser restituido. Los hidrocarburos son recursos no renovables y su extracción es definitiva”.
El primer fundamento de la presentación argentina se relaciona con la controversia de soberanía sobre las Islas Malvinas, reconocida por las Naciones Unidas.
La delegación recordó que la Resolución 2065 de la Asamblea General de la ONU, aprobada en 1965, reconoció la existencia de una disputa entre Argentina y Reino Unido e instó a ambos gobiernos a encontrar una solución pacífica mediante negociaciones.
También invocó la Resolución 31/49, de 1976, que exhorta a las partes a abstenerse de adoptar decisiones unilaterales que modifiquen la situación mientras continúa el proceso recomendado por Naciones Unidas.
Sobre esa base, los representantes argentinos argumentaron que el Reino Unido no puede negarse a negociar la soberanía y, simultáneamente, autorizar la explotación de recursos naturales del área en controversia.
La posición nacional sostiene que las licencias petroleras otorgadas bajo administración británica comprometen derechos que Argentina reclama sobre la plataforma continental.
Durante la audiencia, el especialista en derecho internacional Marcelo Kohen desarrolló los fundamentos jurídicos de esa posición y explicó por qué, según la presentación argentina, existe una base suficiente para que intervenga el mecanismo arbitral previsto en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.
El segundo eje del reclamo se centra en la naturaleza de los hidrocarburos.
La Argentina advirtió que, a diferencia de otras actividades económicas, la extracción petrolera produce una modificación permanente sobre el recurso explotado.
Una vez que el crudo es retirado del subsuelo, no puede restituirse mediante una resolución judicial posterior.
Por ese motivo, la delegación considera que el avance de Sea Lion podría generar un perjuicio irreparable antes de que se resuelva la controversia principal.
El proyecto contempla una explotación de largo plazo, con 23 pozos de producción y posibles etapas adicionales de desarrollo.
Según la argumentación argentina, permitir que esas operaciones avancen sin medidas preventivas podría dejar sin efecto práctico una eventual decisión favorable sobre los derechos reclamados.
La presentación apunta a evitar que la explotación genere hechos consumados mientras continúa el procedimiento internacional.
La dimensión ambiental constituyó el tercer fundamento de la solicitud.
La delegación argentina advirtió sobre las consecuencias de un eventual derrame de hidrocarburos durante las operaciones del proyecto Sea Lion.
Según expuso, el propio plan de contingencia de una de las empresas involucradas contempla la posibilidad de que un derrame alcance aguas argentinas no disputadas en un plazo de 30 días.
Ese escenario podría obligar al país a intervenir en tareas de respuesta y mitigación de daños ambientales provocados por una actividad que no autorizó.
Los representantes nacionales sostuvieron que el riesgo no se limita al área donde se proyecta la explotación, sino que podría extenderse hacia otros espacios marítimos.
El jurista Nico Schrijver desarrolló durante la audiencia los argumentos relacionados con la urgencia de adoptar medidas preventivas, el posible perjuicio irreparable y la protección del medio marino.
La Argentina considera que estos riesgos justifican una intervención provisional del Tribunal antes de que se produzcan daños cuya reparación resulte imposible o insuficiente.
El Gobierno británico solicitó que el Tribunal Internacional del Derecho del Mar rechace íntegramente el pedido de medidas provisionales.
En una presentación oficial fechada el 2 de noviembre, Londres formuló cuatro objeciones centrales.
En primer lugar, cuestionó que el tribunal arbitral previsto en el Anexo VII de la Convención del Derecho del Mar tenga competencia inicial para intervenir en la controversia.
También sostuvo que los derechos invocados por Argentina no reúnen las condiciones jurídicas necesarias para justificar las medidas solicitadas.
Las otras dos objeciones apuntan directamente a los argumentos argentinos sobre el petróleo y el ambiente: Reino Unido niega que se haya demostrado un riesgo de perjuicio irreparable y considera que no existe una situación de urgencia que amerite suspender las actividades.
Para respaldar su posición, la representación británica incorporó declaraciones de autoridades de las islas y directivos de las compañías petroleras involucradas.
Entre ellos figuran Jack Ford, integrante de las autoridades legislativas de las islas; Ian Ramsay, director ejecutivo de Navitas Petroleum Development and Production; y Samuel Moody, director ejecutivo de Rockhopper Exploration.
La instancia que se desarrolla en Hamburgo tiene un alcance específico.
El Tribunal Internacional del Derecho del Mar no debe resolver ahora la soberanía de las Islas Malvinas, ni pronunciarse definitivamente sobre la validez de las licencias petroleras otorgadas por las autoridades británicas.
Su tarea consiste en determinar si corresponde adoptar medidas provisionales para preservar los derechos de las partes mientras se constituye el tribunal arbitral encargado de examinar la controversia principal.
Para obtener una decisión favorable, Argentina busca demostrar que existe una base jurídica para la intervención, que los derechos invocados requieren protección y que la demora podría ocasionar daños irreparables.
El Reino Unido, en cambio, pretende demostrar que esos requisitos no se cumplen.
El presidente Javier Milei expresó su respaldo a la exposición argentina mediante una publicación en la red social X.
El mandatario compartió un mensaje del exsenador y exembajador Federico Pinedo, quien destacó la participación de los representantes nacionales en Hamburgo, y agregó la frase “ARGENTINA DE PIE”.
La delegación argentina está integrada por funcionarios de la Cancillería, representantes de distintas áreas del Gobierno y especialistas en derecho internacional.
Entre ellos se encuentran Mario Oyarzábal, Marcelo Kohen, Nico Schrijver, María Ibarzábal Murphy, Juan Ignacio Stampalija, Santiago Castro Videla y Betina Pasquali de Fonseca.
Las audiencias continuarán este miércoles 11 de noviembre, con nuevas intervenciones de Argentina y Reino Unido.
Una vez concluidas las exposiciones, el Tribunal deberá evaluar si corresponde ordenar la suspensión provisional de las actividades vinculadas con Sea Lion mientras avanza el procedimiento arbitral internacional.
