Dólar oficial $1.395 – Dólar Turista 1.813,50 – Dólar blue $1.390 – Dólar MEP $1.415,01 – Contado con Liqui $1.478,73 – Riesgo País 556
Dólar oficial $1.395 – Dólar Turista 1.813,50 – Dólar blue $1.390 – Dólar MEP $1.415,01 – Contado con Liqui $1.478,73 – Riesgo País 556
La designación de veedores en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) se convirtió en una de las primeras definiciones relevantes para el flamante ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques. A pocos días de haber jurado en el cargo, el funcionario analiza los últimos detalles de una decisión que podría abrir un capítulo decisivo en la situación que atraviesa la conducción del fútbol argentino, encabezada por Claudio “Chiqui” Tapia.
Según pudo reconstruir Infobae, Mahiques trabaja por estas horas en la definición de los nombres de dos veedores que, en caso de ser finalmente designados, tendrán la misión de revisar documentación contable, contratos y operaciones financieras de la entidad que gobierna el fútbol profesional del país. Se trata de negocios por más de 110 millones de dólares que están siendo investigados por la Justicia argentina y en Estados Unidos por irregularidades y manejos opacos en la administración de los fondos.
La medida no es menor. De concretarse, los funcionarios designados tendrán amplias facultades para examinar balances, libros societarios y registros administrativos vinculados con la gestión económica de la institución. También deberán elaborar un informe para el Ministerio de Justicia y la Inspección General de Justicia (IGJ), que es el organismo que impulsó la investigación.
Sin embargo, en el entorno del ministro admiten que la decisión todavía no está completamente cerrada. Información a la que accedió Infobae señala que el proceso de análisis está avanzado, aunque Mahiques revisará previamente el expediente para verificar que no existan irregularidades en los trámites administrativos. En ese marco, en el Gobierno reconocen que existe un margen de duda —estimado en alrededor de un 10%— sobre la posibilidad de que el nombramiento finalmente no se concrete si aparecen observaciones relevantes en el expediente.
El conflicto comenzó a tomar forma a fines de febrero, cuando la Inspección General de Justicia solicitó formalmente la designación de veedores para auditar distintos aspectos del funcionamiento institucional y económico de la AFA. La solicitud incluyó la revisión de los estados contables recientes y diversas relaciones comerciales con empresas privadas ligadas al negocio del fútbol.
El pedido del organismo también puso el foco en contratos y operaciones financieras vinculadas a la comercialización de derechos del fútbol, uno de los principales activos económicos del sistema deportivo argentino. Entre otros puntos, se solicitó analizar acuerdos con empresas privadas y reconstruir el flujo de fondos derivados de esos convenios.
En la IGJ sostienen que la veeduría no constituye una intervención ni implica el desplazamiento de las autoridades de la entidad. La figura jurídica prevista es la de un control externo limitado, cuyo objetivo es examinar documentación y elaborar un informe técnico sobre la situación institucional.
En términos formales, la designación de los veedores debe ser resuelta por el Ministerio de Justicia, ya que la legislación vigente establece que la intervención en asociaciones civiles bajo esta modalidad requiere una decisión de la autoridad política del área.
Ese paso administrativo es, justamente, el que ahora debe definir Mahiques, que lo “heredó” de la gestión de Mariano Cúneo Libarona y Daniel Roque Vítolo, el ex titular de la IGJ, que fue reemplazado por Alejandro H. Ramírez.
El expediente llegó al despacho del nuevo ministro en un momento particular. La cartera de Justicia atraviesa una etapa de reorganización interna tras la salida de varios funcionarios y cambios en organismos clave del área.
Entre esas modificaciones se encuentra la propia Inspección General de Justicia, que quedó en el centro de la escena política por el conflicto con la AFA y por la ofensiva administrativa que inició en las últimas semanas para auditar el funcionamiento económico de la entidad.
En ese contexto, la decisión sobre los veedores aparece como una definición clave en el inicio de la gestión de Mahiques al frente del ministerio. La resolución tendrá impacto no solo en el mundo del fútbol sino también en la dinámica política entre el Gobierno nacional, la provincia de Buenos Aires y la conducción de la AFA.
El expediente, además, se amplió en los últimos días. Antes de dejar su cargo, el entonces titular de la IGJ firmó una nueva resolución para extender el pedido de veedores a la estructura de la Superliga, una asociación civil que administró contratos y recursos del fútbol profesional durante los últimos años.
Según el organismo, esa entidad manejó ingresos por alrededor de USD 348 millones entre 2020 y 2024, provenientes principalmente de contratos vinculados con derechos audiovisuales del fútbol argentino.
La investigación apunta a determinar cómo se administraron esos recursos y cuál fue la relación institucional y financiera entre la Superliga y la AFA.
Mientras el expediente avanza en el Ministerio de Justicia, la conducción de la AFA rechaza la iniciativa y cuestiona la competencia de la IGJ para intervenir en el caso.
La principal discusión gira en torno a la jurisdicción que debe controlar a la entidad. La AFA sostiene que trasladó su sede a la provincia de Buenos Aires y que, por lo tanto, la fiscalización corresponde a la Dirección Provincial de Personas Jurídicas bonaerense.
Desde la IGJ rechazan ese argumento. El organismo asegura que el cambio de domicilio no cumplió con todos los requisitos legales y que la asociación sigue registrada bajo su órbita.
Ese conflicto administrativo tiene también un trasfondo político. La disputa se inscribe en la tensión que mantienen el gobierno nacional y la administración bonaerense de Axel Kicillof, que respalda la posición de Tapia en este conflicto institucional.
En ese escenario, la designación de veedores podría abrir un nuevo frente judicial si la AFA decide impugnar la medida en los tribunales.
Si finalmente se concreta la designación, los veedores tendrán una tarea técnica pero sensible desde el punto de vista político.
Entre sus funciones estará examinar los estados contables de la entidad, analizar contratos comerciales vinculados al negocio del fútbol y verificar la consistencia de los registros financieros presentados ante los organismos de control.
El trabajo también incluirá la revisión de documentación vinculada con la creación de la Universidad de la AFA y otras operaciones patrimoniales de la entidad.
La misión principal será reconstruir la trazabilidad de los fondos utilizados en distintos proyectos institucionales y determinar si las decisiones adoptadas por las autoridades de la asociación se ajustaron a las normas legales y estatutarias que regulan el funcionamiento de las asociaciones civiles.
En caso de detectar inconsistencias o irregularidades, los veedores deberán reportarlas en un informe que quedará en manos de la autoridad de control.
Por ahora, la decisión final sigue en suspenso. En el Ministerio de Justicia aseguran que el análisis del expediente se encuentra en su etapa final, aunque insisten en que el ministro revisará personalmente la documentación antes de firmar cualquier resolución.
En términos políticos, el movimiento que finalmente adopte Mahiques será observado con atención tanto en la Casa Rosada como en el mundo del fútbol.
El Gobierno busca enviar una señal de control institucional sobre una de las organizaciones más poderosas del país. La conducción de la AFA, en cambio, interpreta la medida como un intento de presión política sobre la estructura que lidera Tapia.
Entre esos dos polos se mueve la decisión que el ministro deberá tomar en los próximos días.
Si Mahiques finalmente firma la designación, comenzará una etapa de auditoría que podría extenderse durante varios meses y que abrirá una revisión exhaustiva de los números del fútbol argentino.
Pero si el expediente encuentra obstáculos administrativos o inconsistencias en el procedimiento, el Ministerio de Justicia podría optar por frenar o revisar el proceso.
Por ahora, la decisión se cocina en silencio en los despachos del Palacio de Justicia. Y será, casi con seguridad, uno de los primeros movimientos de alto impacto político de la nueva gestión.
