El gobierno de Río Negro ha tomado una decisión firme en relación con las licencias gremiales de docentes, en un esfuerzo por optimizar los recursos y priorizar la educación de los estudiantes.
El gobernador instruyó al Ministerio de Educación provincial para dar de baja las licencias especiales de 20 docentes afiliados al gremio UNTER, quienes hasta ahora se dedicaban a tareas gremiales. Estas licencias representaban un costo mensual de más de 20 millones de pesos para las arcas provinciales.
Además, el gobierno está evaluando el marco legal para anular otras 65 licencias gremiales que benefician a docentes del mismo sindicato, las cuales generan un gasto adicional de 132 millones de pesos por mes. Estas licencias, aunque justificadas por el gremio para cumplir con actividades sindicales, han sido señaladas como un uso excesivo de fondos públicos que podría estar afectando el normal funcionamiento de las escuelas.
Priorizar la educación y los recursos
La medida, que ha generado diversas reacciones, busca asegurar que los recursos se destinen de manera más eficiente a la educación, priorizando el derecho de los estudiantes a recibir una educación de calidad. “Estamos avanzando para garantizar lo que de verdad importa: la educación de nuestros chicos”, afirmó la gobernadora. El objetivo central de esta política es resguardar los fondos públicos y destinarlos al bienestar de los rionegrinos, apostando por el buen uso de los recursos provinciales.
El gobierno de Río Negro asegura que este ajuste es necesario para “cuidar lo que es de todos” y enfocarse en el futuro de la provincia, garantizando que la estructura educativa funcione adecuadamente, sin desviar recursos hacia tareas que, en su visión, no contribuyen directamente al sistema educativo.
Reacciones y próximos pasos
Aunque aún no se ha determinado la resolución definitiva para las 65 licencias restantes, se prevé que las autoridades continúen evaluando opciones para reducir costos sin comprometer el diálogo con los gremios. Se espera que las medidas implementadas generen un impacto en el funcionamiento sindical y en la organización interna de UNTER, lo que podría derivar en nuevas negociaciones entre el gobierno y los representantes del gremio.
Esta decisión marca un punto de inflexión en la gestión educativa de Río Negro, priorizando la presencia de los docentes en las aulas y buscando un equilibrio entre las demandas gremiales y el uso eficiente de los recursos públicos.
