El proyecto de modificación de la Ley 26.639 obtuvo dictamen en comisiones y quedó listo para ser tratado en el recinto. La iniciativa reabre la tensión entre la preservación de zonas glaciares y el objetivo oficialista de facilitar inversiones mineras, especialmente en el sector del cobre.
El proyecto de reforma de la Ley de Glaciares avanzó en la Cámara de Diputados tras obtener dictamen de mayoría en el plenario de las comisiones de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano y Asuntos Constitucionales, y quedó en condiciones de ser debatido en el recinto, donde el oficialismo buscará su aprobación.
La iniciativa modifica la ley 26.639, que actualmente establece un régimen de protección estricta sobre glaciares y áreas periglaciares, consideradas reservas estratégicas de agua dulce. Con los cambios propuestos, se abre una discusión sobre la delimitación de esas zonas y los criterios técnicos para su protección, uno de los puntos más sensibles del debate legislativo.
El dictamen reunió apoyos del bloque de La Libertad Avanza, sectores del PRO y la UCR, además de legisladores de partidos provinciales y algunos integrantes del peronismo, lo que permitió al oficialismo consolidar una mayoría para avanzar hacia el tratamiento en el recinto.
En el plano político y económico, el proyecto es impulsado con el argumento de que una flexibilización del régimen actual permitiría destrabar inversiones en proyectos estratégicos, particularmente vinculados a la minería del cobre. En ese sentido, el oficialismo plantea que la normativa vigente genera restricciones que afectan el desarrollo de emprendimientos en provincias con fuerte actividad minera.
Durante el debate en comisiones participaron representantes de provincias como San Juan, Catamarca, Salta, Jujuy y Mendoza, que expusieron la necesidad de revisar aspectos de la ley para compatibilizar la actividad productiva con la regulación ambiental.
En defensa del proyecto, el secretario de Minería de la Nación, Luis Lucero, sostuvo que la reforma no implica una afectación del recurso hídrico y que respeta las competencias provinciales sobre los recursos naturales, en el marco del esquema constitucional vigente.
Sin embargo, la iniciativa también generó cuestionamientos desde la oposición. El diputado nacional Maximiliano Ferraro planteó dudas sobre el impacto real de la reforma en proyectos mineros y reclamó precisiones técnicas sobre los estudios ambientales que respaldan los cambios propuestos.
Con el dictamen ya firmado, el proyecto se encamina a una sesión clave en Diputados, donde quedará nuevamente expuesta la tensión entre dos posturas centrales: la protección de los glaciares como reservas ambientales estratégicas y la búsqueda de mayor dinamismo para el desarrollo de la actividad minera en el país.
