A menos de tres semanas de aprobar un crédito por 150 millones de dólares con el BID, el oficialismo impulsa cambios para ampliar las herramientas financieras del Ejecutivo. La oposición cuestiona la “celeridad inusual” y advierte sobre el crecimiento del endeudamiento provincial.
La Legislatura de Neuquén volverá a debatir esta semana una ley que aún no entró en vigencia. Se trata de la norma que autorizó al Ejecutivo a tomar un crédito por 150 millones de dólares con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), aprobada el 13 de noviembre, y que ahora requiere precisiones técnicas para encuadrar la operación dentro del régimen provincial de administración financiera.
El proyecto ingresado por el oficialismo busca modificar el artículo 9 de la ley 3540 con el objetivo de adecuarlo a la ley 2141 de Administración Financiera y Control. Este ajuste permitiría al gobierno de Rolando Figueroa acceder no solo al préstamo internacional ya autorizado, sino también a otros instrumentos de crédito público, como la emisión de títulos y bonos de mediano y largo plazo.
Según explicó el diputado Matías Martínez (Comunidad), la iniciativa “no incrementa el monto del endeudamiento”, pero sí abre un abanico más amplio de posibilidades para que la provincia seleccione la herramienta más conveniente al momento de salir al mercado.
La ley 3540 no solo habilitó la toma del crédito con el BID para financiar el “Proyecto de Infraestructura Resiliente para el Desarrollo Económico Regional y la Creación de Empleo – Fase 1”, sino que también elevó en 100 millones de dólares el margen general de endeudamiento que había sido fijado en 2024. Es este punto el que ahora se intenta aclarar para evitar interpretaciones contradictorias.
El movimiento generó fuertes reproches. “Es la reforma más rápida que recuerde, debe ser un récord”, señaló la diputada Brenda Buchiniz (Cumplir–LLA), cuestionando el ritmo con el que avanzó la aprobación original. A su postura se sumaron legisladores de la UCR y Unión por la Patria, quienes alertaron sobre el aumento acumulado de autorizaciones de crédito durante la actual gestión. “Ya estamos en 1.100 millones de dólares”, remarcó Lorena Parrilli.
Desde el oficialismo defendieron la modificación. El diputado Francisco Lépore (Avanzar) sostuvo que los préstamos internacionales disponibles ofrecen condiciones “muy favorables”, con plazos extensos y tasas bajas. “El déficit en infraestructura es enorme y no se revierte de inmediato; la provincia necesita financiamiento sostenible”, argumentó.
Claudio Domínguez (MPN) también respaldó el ajuste normativo y aseguró que la reforma permitirá al Ejecutivo operar con instrumentos de largo plazo, algo que —según indicó— no estaba contemplado en la redacción original. “Es una ley aclaratoria. Estamos haciendo un rollo de una ley que ya votamos”, cerró.
El proyecto se tratará antes del fin del período ordinario y se descuenta que contará con el acompañamiento de la mayoría oficialista, pese a las objeciones planteadas desde las bancadas opositoras.
