La reglamentación de la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei sumó un nuevo capítulo al enfrentamiento con la Confederación General del Trabajo (CGT). A través del decreto 407/2026, el Ejecutivo definió aspectos centrales de la Ley de Modernización Laboral y avanzó sobre áreas que históricamente constituyeron pilares del modelo sindical argentino.
La respuesta de la central obrera fue inmediata. Los principales dirigentes gremiales denunciaron que la normativa implica una intromisión en la autonomía sindical y advirtieron que algunas disposiciones afectan derechos protegidos por la Constitución Nacional y por convenios internacionales suscriptos por el país.
Uno de los cambios más sensibles está vinculado al financiamiento de las organizaciones gremiales. La reglamentación ratifica que las cuotas solidarias descontadas a los trabajadores de una actividad no podrán superar el 2% de las remuneraciones, mientras que los aportes destinados a cámaras empresarias o entidades vinculadas al sector empleador tendrán un límite máximo del 0,5%.
Además, el decreto establece que esos topes deberán computarse de manera integral, independientemente de la denominación que reciban los distintos aportes en los convenios colectivos. La medida obliga a revisar acuerdos vigentes y habilita a la Secretaría de Trabajo a rechazar homologaciones que excedan los nuevos límites.
La norma también introduce cambios que impactan directamente en la estructura de representación sindical. Entre ellos, reduce del 20% al 5% el porcentaje mínimo de afiliados cotizantes requerido para que una organización gremial dispute la personería o la representación mayoritaria dentro de una actividad.
Para numerosos sindicatos tradicionales, este punto podría favorecer la aparición de nuevas organizaciones y multiplicar los conflictos por encuadramiento, un terreno históricamente sensible dentro del movimiento obrero.
Otro aspecto que genera preocupación en la CGT es el endurecimiento de los requisitos para el reconocimiento y funcionamiento de las organizaciones sindicales. La reglamentación incorpora la obligación de presentar declaraciones juradas patrimoniales y establece mecanismos de verificación de afiliados mediante el cruce de datos con registros previsionales y bases estatales.
El decreto también fija criterios para limitar la cantidad de integrantes de las conducciones sindicales, al señalar que deberá existir una proporcionalidad razonable entre el número de dirigentes y la cantidad de afiliados cotizantes. La amplitud de esa definición ya anticipa futuros debates judiciales.
En paralelo, el Gobierno introdujo modificaciones que favorecen a las empresas en materia de actividad gremial dentro de los establecimientos. Entre otras cuestiones, se reglamenta el uso de horas sindicales por parte de los delegados, se exige una notificación previa para su utilización y se establecen restricciones para evitar que afecten áreas consideradas críticas para la operación de las compañías.
La protección especial de los candidatos sindicales también queda acotada. Según la nueva normativa, la tutela cesará si la candidatura no es oficializada o si el postulante obtiene menos del 5% de los votos válidos emitidos en la elección.
Mientras la CGT analiza una presentación ante la Organización Internacional del Trabajo y evalúa nuevas acciones judiciales, el Gobierno defiende la reglamentación como una herramienta destinada a modernizar las relaciones laborales, transparentar el funcionamiento de sindicatos y cámaras empresarias y promover una mayor competencia dentro del sistema de representación gremial.
La disputa promete convertirse en uno de los principales focos de conflicto político y laboral de los próximos meses, en un contexto donde la central obrera también debate la posibilidad de convocar a nuevas medidas de fuerza contra la administración nacional.
