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La iniciativa, compuesta por 196 artículos, ingresó esta semana a la Cámara alta y comenzará a ser analizada en comisiones a partir del lunes. Desde el Poder Ejecutivo buscan avanzar con el debate y obtener media sanción antes de fin de año, en un escenario atravesado por negociaciones con bloques opositores y el rechazo anticipado de sectores sindicales y políticos.
La controversia judicial se centra en los artículos 90 y 91 del proyecto. El primero dispone que los magistrados que resuelvan causas laborales deberán ajustar sus decisiones a los precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y establece que el apartamiento infundado de esos criterios podrá ser considerado causal de mal desempeño. El segundo artículo fija la vigencia transitoria de la Justicia Nacional del Trabajo hasta que se concrete un acuerdo de transferencia de competencias entre la Nación y la Ciudad de Buenos Aires, tras lo cual se prevé su disolución progresiva.
Estos puntos motivaron una declaración pública de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, que expresó su rechazo a cualquier modificación que implique la desaparición del fuero laboral nacional. En el comunicado, la entidad sostuvo que las disposiciones propuestas afectan la independencia judicial y anticipó un estado de alerta mientras analiza las acciones a seguir.
Desde el Gobierno nacional señalaron que los cambios buscan ordenar el funcionamiento del sistema laboral y avanzar en el proceso de transferencia de juzgados a la órbita porteña. En ese marco, funcionarios del Ejecutivo mencionaron fallos judiciales que, según su visión, generaron impactos económicos significativos en pequeñas y medianas empresas, y sostuvieron la necesidad de reducir la discrecionalidad en las sentencias.
El debate sobre el traspaso de la Justicia Laboral a la Ciudad de Buenos Aires no es nuevo. En los últimos años se iniciaron gestiones para avanzar en esa dirección, aunque el proceso fue frenado por decisiones judiciales. Con la inclusión de los artículos cuestionados, el Gobierno apuesta a que una eventual sanción legislativa refuerce el marco legal para concretar la transferencia.
En paralelo, desde la administración porteña manifestaron su respaldo a los cambios incluidos en el proyecto. Fuentes del Gobierno de la Ciudad indicaron que ya se encuentra en marcha la conformación de un nuevo fuero laboral local, con la aprobación de un Código de Procedimientos y el avance de concursos para cubrir cargos de jueces, camaristas y fiscales.
Mientras tanto, el tratamiento parlamentario del proyecto se anticipa complejo. La Libertad Avanza deberá reunir apoyos adicionales tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados para avanzar con la reforma, en un contexto donde no se descarta que los artículos vinculados a la Justicia Laboral sean objeto de futuros planteos judiciales si resultan aprobados.
