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Las estadísticas en materia de seguridad suelen ser un terreno sensible. Las experiencias personales, los hechos que ganan visibilidad pública y la percepción cotidiana muchas veces tensionan los números oficiales. Sin embargo, en la provincia de Neuquén los datos marcan una tendencia sostenida que comienza a consolidarse: los índices delictivos bajaron en 2024 y volvieron a descender en 2025, en lo que el Gobierno provincial define como un cambio de época en la política de seguridad.
El punto de partida fue complejo. En diciembre de 2023, la gestión que encabeza el gobernador Rolando Figueroa recibió un sistema de seguridad debilitado y, en algunos aspectos, directamente colapsado. Durante el gobierno de Omar Gutiérrez, el área había perdido jerarquía institucional al ser degradada de ministerio a secretaría, lo que tuvo un impacto directo en el presupuesto, la planificación y la capacidad operativa.
La situación ya venía siendo adversa durante las gestiones de Vanina Merlo —entonces ministra y hoy al frente de la Defensoría Oficial— y de Marianina Domínguez, quien asumió cuando el área ya había perdido rango ministerial. Pero el escenario se agravó tras las elecciones de 2023, cuando la presencia policial en las calles, especialmente en la ciudad de Neuquén, se redujo de manera visible. Los meses previos al cambio de gobierno, entre abril y comienzos de diciembre, estuvieron marcados por un aumento de hechos delictivos y una fuerte sensación de descontrol.
Con ese diagnóstico, Figueroa y el ministro de Seguridad, Matías Nicolini, avanzaron en un plan de reconstrucción del sistema, con eje en la inversión, el reequipamiento y el fortalecimiento de la presencia policial. “Cuando la policía se repliega, el delito avanza”, repiten en el Ejecutivo para graficar el impacto que tuvo la falta de recursos y conducción política en la etapa anterior.
Entre las medidas adoptadas se destacan la incorporación de nuevos equipos tecnológicos, la mejora en los sistemas de detección de estupefacientes, la reorganización del patrullaje y una mayor articulación entre fuerzas y áreas del Estado. A esto se sumó la decisión política de devolverle centralidad a la seguridad dentro de la agenda provincial.
Los resultados, según los datos oficiales, comenzaron a verse en 2024 y se profundizaron en 2025, con una baja sostenida de los delitos denunciados. Si bien desde el Gobierno manejan las cifras con cautela, reconocen que el descenso consolida una tendencia positiva y refuerza la idea de que la inversión y la planificación empiezan a dar frutos.
En un contexto nacional complejo, Neuquén busca diferenciarse con una política de seguridad que apunta a recuperar el control del territorio y reconstruir la confianza social. El desafío, coinciden puertas adentro, será sostener el rumbo y evitar que los errores del pasado vuelvan a poner en jaque un área clave para la convivencia y el desarrollo provincial.
