El vicegobernador Pedro Pesatti presentó dos iniciativas: una reforma al reglamento de la Legislatura y un anteproyecto de ley que prevé sanciones que van desde el apercibimiento hasta el juicio político.
El debate sobre los discursos de odio llegó a la agenda política rionegrina. El vicegobernador Pedro Pesatti impulsó dos propuestas que buscan establecer límites claros a las expresiones discriminatorias o que inciten a la violencia, tanto dentro de la Legislatura como en el ámbito más amplio de la administración pública.
Por un lado, promovió un proyecto de resolución para reformar el reglamento interno del Parlamento, incorporando sanciones para los legisladores que incurran en manifestaciones de odio durante sus intervenciones. Las penalidades irían desde un llamado de atención hasta la expulsión definitiva del cuerpo.
En paralelo, presentó un anteproyecto de ley que extiende la iniciativa a todos los funcionarios públicos. Allí se establece que los discursos de odio constituirán faltas graves, con sanciones que podrán ser desde la suspensión y la exoneración hasta, en el caso de los cargos electivos, la posibilidad de un juicio político.
Pesatti fundamentó su propuesta en los compromisos internacionales asumidos por la Argentina en materia de derechos humanos, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana. “La palabra de un funcionario no es la de un ciudadano común; está investida de la autoridad del Estado y cada expresión se convierte en un acto de gobierno”, remarcó.
La iniciativa incluye también instancias de capacitación obligatoria para legisladores y agentes estatales sobre estándares nacionales e internacionales en torno a libertad de expresión y prevención de discursos de odio.
De prosperar, Río Negro se convertiría en una de las primeras provincias del país en tipificar sanciones específicas para este tipo de conductas en el ejercicio de la función pública.
