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La Legislatura de Neuquén continúa analizando un proyecto de ley que busca proteger las tierras con aptitud agrícola y limitar el avance de loteos y urbanizaciones sobre zonas productivas, una discusión que enfrenta la necesidad de preservar las chacras con interrogantes sobre las facultades de los municipios y los derechos de los propietarios.
La iniciativa fue enviada por el Poder Ejecutivo provincial durante la apertura de sesiones ordinarias de este año y todavía no consiguió los acuerdos necesarios para avanzar en la Legislatura.
Esta semana volvió a ser tratada por la comisión de Producción, que recibió a representantes del sector frutícola para escuchar su posición sobre el proyecto.
El texto propone establecer “áreas críticas” destinadas a preservar terrenos productivos y ordenar tanto la utilización del suelo como del recurso hídrico.
Uno de sus puntos centrales establece como prioritario el uso agropecuario de esas superficies.
El proyecto contempla prohibir en las áreas alcanzadas loteos, urbanizaciones y otras actividades que puedan modificar tierras productivas con aptitud agrícola.
La excepción prevista son las viviendas familiares vinculadas directamente con la explotación productiva.
El alcance de esa restricción es justamente uno de los puntos que genera debate dentro de la Legislatura.
La iniciativa busca responder a un proceso que se observa desde hace años en distintas localidades de los valles neuquinos: el crecimiento de las ciudades y emprendimientos inmobiliarios sobre superficies que tradicionalmente estuvieron destinadas a la producción frutícola y agrícola.
El fenómeno tiene especial relevancia en localidades donde conviven una fuerte expansión urbana y tierras bajo producción, como Centenario, Vista Alegre y San Patricio del Chañar.
Durante el tratamiento en la comisión que preside la diputada Carina Riccomini participaron representantes de diferentes organizaciones productivas.
Entre ellos estuvieron el presidente de la Federación de Productores de Fruta de Río Negro y Neuquén, Sebastián Hernández; representantes de Productores Agremiados de Centenario y Vista Alegre y miembros de la Cámara de Productores de San Patricio del Chañar.
Hernández respaldó la necesidad de preservar las superficies agrícolas y señaló que el texto fue trabajado junto con el Ejecutivo.
El dirigente sostuvo que el objetivo es mantener las tierras destinadas a la producción y generar condiciones para que continúen siendo utilizadas para la producción de alimentos.
Los productores describieron además una serie de problemas que, según afirmaron, aparecen cuando las urbanizaciones avanzan sobre sectores rurales.
Entre ellos mencionaron contaminación lumínica, acumulación de residuos, aparición de plagas, líquidos cloacales y dificultades sobre los sistemas de riego y drenaje.
Mileva Zec, representante de productores de San Patricio del Chañar, aclaró que el sector no plantea impedir el crecimiento de las ciudades, sino establecer reglas para evitar que esa expansión termine desplazando las áreas agrícolas.
El proyecto también recibió objeciones desde sectores de la oposición.
La diputada Brenda Buchiniz, de Cumplir, planteó que la regulación de los usos del suelo y de las áreas productivas corresponde a los municipios y cuestionó el alcance que tendría una normativa provincial sobre esas decisiones.
El planteo introduce uno de los aspectos que deberá resolver la discusión legislativa: hasta dónde puede intervenir la Provincia en la definición del destino de terrenos ubicados dentro de jurisdicciones municipales.
También hubo cuestionamientos relacionados con los derechos de los propietarios.
La legisladora Mónica Guanque, de Democracia Neuquén, advirtió que las restricciones previstas podrían limitar las posibilidades de los dueños de vender o desarrollar sus terrenos.
Según su planteo, la situación podría afectar especialmente a pequeños productores que decidan desprenderse de sus propiedades.
Guanque también cuestionó que determinadas decisiones sobre qué terrenos pueden o no ser loteados puedan quedar bajo la órbita de la autoridad provincial de Producción.
La discusión refleja un problema que atraviesa a distintas localidades del Alto Valle y la Confluencia.
El crecimiento poblacional aumenta la demanda de tierra para viviendas y nuevos desarrollos urbanos, mientras que parte de esas superficies se encuentra dentro de zonas históricamente destinadas a la producción.
Para los productores, la convivencia entre ambos usos puede generar dificultades que terminan reduciendo la viabilidad económica y operativa de las chacras.
Los cuestionamientos al proyecto, en cambio, apuntan a determinar si la herramienta propuesta para proteger esas tierras puede generar restricciones excesivas sobre sus propietarios o avanzar sobre atribuciones que corresponden a los gobiernos municipales.
El proyecto intenta establecer un marco provincial para resolver esa tensión, pero todavía no existe acuerdo político sobre cómo deberían aplicarse las restricciones ni qué autoridad tendría la decisión final sobre el uso de cada superficie.
La comisión de Producción resolvió continuar con el análisis en su próxima reunión.
Por lo tanto, la iniciativa todavía deberá superar el debate legislativo y obtener dictamen antes de estar en condiciones de llegar al recinto.
